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Al menos seis reos fueron asesinados dentro de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, al occidente de Honduras.
Las víctimas son: Óscar Geovanny Fúnez Maldonado, Román Alberto Valladares Olivera, Ramon Isac Padilla Sorto, Marlon Alexander Mejía Varela, Rafael Antonio Amador Corea y Brayan Alexander Cardona Ramos.
El director del centro penitenciario, Marlon Lagos, expresó que todas las víctimas estaban recluidas en el módulo número cinco. “Los cuerpos estaban semi desnudos y tenían rastros de sangre”.
“No se ha hecho el levantamiento”, entonces, de momento “no sabemos cómo perdieron la vida. Nadie escuchó nada, no se escuchó absolutamente nada”, dijo Lagos.
Por su lado, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus, confirmó la muerte de los 6 reos y aseguró que “eran miembros de la Pandilla Barrio 18”.
Mientras tanto el Hugo Maldonado, presidente del Comité de Derechos Humanos (CODEH), dijo que “es la primera muerte que se da cuando la Policía Nacional ha tomado el control de las penitenciarias del país y deja mucho que desear”.
“Con estos hechos se registra la masacre número 27 en el país y más de 100 personas ejecutadas”, lamentó el defensor de los derechos humanos.
La dramática crisis carcelaria requiere respuesta inmediata en América Latina
Las casi dos millones de personas privadas de libertad en América Latina están viviendo una pesadilla. La pandemia agudizó la ya dramática crisis carcelaria, donde el hacinamiento, las deplorables condiciones sanitarias y los abusos convierten a las prisiones en un lugar todavía más inhabitable que antes, en un contexto de encierro severo.
Integrantes del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina1 expresaron su profunda preocupación en una reciente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacando que “es sumamente urgente que los Estados de la región tomen medidas para terminar con la opacidad y el cierre total de las cárceles que ha caracterizado la gestión de la pandemia en el sistema penitenciario”.
Los gestos iniciales para reducir la población carcelaria han sido insuficientes. En países como México, la población carcelaria creció en 2020, a pesar de la aprobación de la Ley de Amnistía. Los índices de hacinamiento en la región continúan siendo alarmantes y los planes de vacunación han omitido incluir las personas detenidas entre la población prioritaria en muchos países de la región, a pesar de que hay estudios que documentan que el riesgo de muerte por Covid-19 es como mínimo tres veces mayor en reclusión.
En países como Honduras y Perú, las personas privadas de libertad no han podido recibir visitas de sus seres queridos desde marzo de 2020 y solo unas pocas acceden a video llamadas o llamadas telefónicas. La incomunicación con el mundo exterior tiene consecuencias dramáticas para la salud mental y el bienestar familiar y social, con un incremento de los suicidios y la violencia en el contexto penitenciario muy preocupante.
En Venezuela, se han reprimido brutalmente a las personas detenidas que han ejercido mecanismos de protesta para exigir un trato digno ante la falta de alimentos. En el mes de abril de 2020, al menos 46 reclusos perdieron la vida y 70 fueron heridos durante un evento de violencia dentro del Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA) en Guanare, Estado Portuguesa. Motines y protestas también terminaron en decenas de muertes en Colombia o Argentina en estos últimos tiempos.
Ante este panorama desolador, el Grupo de Litigantes instó a la CIDH a “denunciar la persistencia de restricciones desproporcionadas y condiciones indignas en las cárceles en las Américas y urgir a los Estados a permitir la entrada de monitores independientes para valorar los efectos de las restricciones y las consecuencias de la pandemia de la Covid-19”.
La CIDH compartió la profunda preocupación por la situación carcelaria. Destacan las palabras de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, que expresó que pareciera que la vida de las personas que están detenidas no tuviera ningún valor, enfatizando la necesidad de que los Estados y sus funcionarios cumplan con sus obligaciones internacionales para proteger y respetar la dignidad de las personas privadas de libertad.
