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Más de 80 organizaciones hondureñas e internacionales expresaron su “indignación y rechazo absoluto” a la aprobación de un decreto de ley que prohíbe de manera absoluta el aborto en Honduras, pues la iniciativa “violenta” los derechos humanos de las mujeres.
En un comunicado conjunto, las organizaciones rechazan la iniciativa de reforma constitucional al artículo 67 que pretende “prohibir cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer por tratarse de una iniciativa que violenta los derechos humanos de las mujeres en Honduras”.
Las entidades destacaron que Honduras es un Estado firmante de varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, acto que “obliga jurídicamente al Estado y sus autoridades a su promoción, respeto, protección y garantía”.
“El marco jurídico no debe ser utilizado para violentar derechos sino para avanzar hacia su plena realización”, señalaron.
Enfatizaron además que “negar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ha sido reconocido internacionalmente como un acto de discriminación en contra de las mujeres que viola sus derechos humanos”, por lo que Honduras “ha recibido de manera reiterada recomendaciones internacionales” sobre adoptar medidas necesarias para garantizar esos derechos a las niñas, adolescentes y mujeres.
LEGALIZAR EL ABORTO
Esas medidas deben incluir, añaden, “la legalización del aborto” en casos de que peligre la vida de la mujer embarazada, el feto padezca una alteración estructural congénita de carácter mortal, y cuando el embarazo es producto de una violación sexual.
Sin embargo, el diputado oficialista Mario Pérez, uno de los vicepresidentes del Parlamento hondureño, presentó el 11 de enero pasado una iniciativa de reforma constitucional que busca “otorgar una supuesta protección al producto en gestación, lo que generará discriminación hacia las mujeres con efectos devastadores en su salud, vida y derechos”, subrayaron.
A nivel internacional, la evidencia ha demostrado que la existencia de leyes que prohíben la interrupción del embarazo “no tiene como efecto su erradicación, sino que promueve contextos que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres al negarles el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de seguridad y calidad”, aseguraron.
Lamentaron que la iniciativa genera “ambientes de persecución que evita que (las mujeres) acudan a solicitar atención médica por temor a ser sancionadas, aún si su vida corre peligro al presentar una emergencia obstétrica”.
“La falta de acceso a servicios de salud reproductiva para preservar la vida de las mujeres conlleva la inobservancia de los compromisos internacionales de los países con la reducción de la mortalidad materna”, agregaron.
SITUACIÓN “PREOCUPANTE”
Las organizaciones, entre las que figura el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y el movimiento colombiano Católicas por el Derecho a Decidir, indicaron que esta situación es “preocupante” dado los altos índices de violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres en Honduras.
Las niñas y mujeres en Honduras enfrentan el “riesgo de quedar embarazadas y de morir o tener una complicación a su salud al enfrentar un embarazo forzado a temprana edad”, añadieron.
Honduras es el segundo país con más gestaciones adolescentes de América Latina, con una tasa de 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años y, según investigaciones, gran parte de esos embarazos tienen su origen en violaciones, muchas de ellas por sus familiares, o falta de acceso a métodos de planificación familiar.
Señalaron además que estas leyes generan “ambientes sanitarios violatorios de derechos al estigmatizar a los profesionales de la salud responsables de brindar servicios de salud sexual y reproductiva (y) desincentivan a los sistemas de salud a la búsqueda de insumos para la salud y de cursos de actualización para las personas profesionales de la salud”.
