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Opinión: Primicia Honduras
En Honduras, las muertes por accidentes de tránsito ya no son noticia, lamentablemente son rutina. Este 2025, al menos 600 personas han perdido la vida en incidentes viales en apenas los primeros meses del año, y la cifra no deja de crecer. Detrás de cada número hay familias rotas, historias truncadas y una constante que preocupa: las motocicletas.
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Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el 72% de los accidentes viales involucran motociclistas. Eso significa que 4,200 de los más de 5,800 accidentes registrados este año han tenido una motocicleta como protagonista. De los fallecidos, más del 40% son conductores o pasajeros de este tipo de vehículo. Sin embargo, mientras las cifras suben, las soluciones se estancan.
A pesar del drama humano detrás de cada cifra, la respuesta estatal y privada sigue siendo alarmantemente superficial: estadísticas frías, llamados genéricos a la prudencia y una maquinaria comercial que pone en la calle miles de vehículos —en especial motocicletas— sin capacitación, garantías ni conciencia del riesgo.
Lo preocupante es que la venta de motocicletas sigue disparada, muchas veces impulsada por empresas que promocionan facilidad de cuotas y entrega inmediata, sin incluir requisitos mínimos como una capacitación en seguridad vial o siquiera una charla sobre los riesgos al conducir sin casco o sin licencia. La lógica es clara: mientras más vendan, mejor, aunque la muerte viaje de copiloto.
Un modelo que prioriza el negocio sobre la vida
En países como Costa Rica, Panamá o Colombia, la crisis vial ha obligado al Estado a reformular políticas públicas, exigir licencias específicas para motociclistas, cursos obligatorios, y controlar la venta de vehículos con normativas más estrictas. En cambio, en Honduras, predomina la permisividad. La falta de regulación seria hace que incluso menores de edad conduzcan motos en zonas rurales o que se circule sin ningún tipo de protección.
“No se puede seguir echando toda la culpa al conductor. Aquí también hay responsabilidad de quienes venden sin control, del Estado que regula poco, y de una cultura vial inexistente”, asegura un exagente de la DNVT que pidió anonimato.
La omisión también es institucional. A pesar del incremento en las cifras, el país no cuenta con una estrategia nacional integral de seguridad vial, y las campañas de prevención siguen siendo esporádicas, mal financiadas y sin seguimiento. Las soluciones se siguen postergando como si la vida humana fuera un número más en la hoja de Excel de fin de año.
Inseguridad, otro factor que impulsa el caos
El problema se agrava por la inseguridad generalizada. Muchos hondureños optan por motocicletas ante la necesidad de moverse rápido, evitar zonas peligrosas o llegar a sitios donde el transporte público no es seguro. El miedo, la pobreza y la falta de opciones terminan siendo factores silenciosos que empujan a miles hacia vehículos inseguros y condiciones precarias.
Honduras necesita mucho más que cifras y comunicados. Requiere voluntad política, responsabilidad empresarial y una transformación cultural urgente. No basta con llamar a la prudencia si no se garantiza un entorno seguro para moverse, si se siguen vendiendo motocicletas sin control y si las víctimas solo engrosan la lista de muertos que nadie recuerda
Mientras no se enfrente esta crisis con acciones firmes, las calles seguirán siendo una sentencia de muerte disfrazada de movilidad.
