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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha revelado que, entre 2016 y mayo de 2024, ha recibido 263 quejas de operadores de justicia, incluyendo policías, militares, jueces y fiscales, que se encuentran en riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado en Honduras.
Estas cifras evidencian las graves amenazas que enfrentan estos profesionales debido a la naturaleza de su trabajo.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, explicó que estas quejas reflejan la peligrosa realidad de los operadores de justicia, quienes a menudo se ven obligados a desplazarse para proteger sus vidas y la de sus familias ante amenazas directas relacionadas con su labor en el ámbito de la justicia y la ley.
Por otro lado, el CONADEH también ha atendido 336 quejas de civiles que reportan ser víctimas de desplazamiento forzado provocado por acciones de operadores de justicia. Según Reyes, esto incluye allanamientos excesivos y abusos de autoridad que llevan a los ciudadanos a abandonar sus hogares por miedo a represalias.
Estos problemas se han registrado principalmente en el Distrito Central, Francisco Morazán y en San Pedro Sula, Cortés. La situación subraya cómo el desplazamiento forzado, reconocido como un problema desde 2013 por el Estado hondureño, no solo afecta a los ciudadanos comunes sino también a aquellos encargados de proteger la ley y el orden.
El aumento constante en las quejas de operadores de justicia cada año muestra la escalada de la violencia y la intimidación que enfrentan, lo que no solo afecta su desempeño profesional sino que también tiene un impacto devastador en la seguridad pública y la estabilidad social en Honduras.
Este fenómeno, que afecta a una amplia gama de profesionales, desde comerciantes hasta periodistas y docentes, resalta la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección para todos aquellos expuestos a riesgos de violencia y extorsión en el país.
