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Lo que hace un tiempo parecía imposible se realizó. Confinar a los privados de libertad más peligrosos en cárceles de máxima seguridad y al reo común darle la oportunidad de tener un proceso de reeducación, rehabilitación y reinserción social.
En el presente año las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), han ejecutado el traslado de al menos 5,262 privados de libertad a distintos reclusorios.
De estos, más de 2,500 se encuentran recluidos en las cárceles de máxima seguridad “Pozo I y II”, en Ilama, Santa Bárbara y Morocelí, El Paraíso respectivamente, donde permanecen bajo estrictos controles disciplinarios con el estricto respeto a sus derechos fundamentales.
Estos presidios representan la transformación del Sistema Penitenciario Nacional, donde los miembros de maras y pandillas, así como de organizaciones criminales se encuentran en instalaciones seguras desde donde no pueden causar daños a la ciudadanía, ordenando crímenes.
Mientras que en el Centro Penitenciario de El Porvenir, Francisco Morazán se encuentran unos 1,400 privados de libertad de mínima peligrosidad, quienes comenzarán a recibir los distintos programas para que al salir en libertad puedan reintegrarse a la sociedad.
En los próximos días comenzarán a funcionar los talleres, así como los cursos impartidos por distintas instituciones con las cuales el INP ha suscrito convenios para que los privados de libertad inicien con su proceso de reeducación, rehabilitación y reinserción social.
El resto de personas trasladadas, es decir 1,249 permanecen en los distintos establecimientos penitenciarios a nivel nacional, donde se acondicionaron espacios con camas para poder reubicarlos en mejores condiciones mientras cumplen su prisión preventiva o sentencia condenatoria.
Los espacios reacondicionados, son lugares donde antes funcionaban negocios administrados por internos, siendo cerrados en cumpliendo con la Ley del Sistema Penitenciario que prohíbe la circulación de dinero al interior de los establecimientos carcelarios y en su lugar funcionarán los Economatos, administrados por el INP.
Las autoridades penitenciarias, dirigidas por la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, han anunciado que los traslados continuarán en el resto del año ya que por instrucciones del presidente Hernández el centro penal de Santa Bárbara debe ser cerrado y sus internos reubicados en otros presidios donde puedan convivir en mejores condiciones.
El vetusto edificio del centro penal, se ubica en el centro de la ciudad de Santa Bárbara, representando un peligro para la ciudadanía, quien también resulta afectada al no tener acceso a señal telefónica debido al bloqueo que existe en el establecimiento carcelario.
Otros traslados
Los traslados de privados de libertad comenzaron en marzo de 2015, cuando desde la Penitenciaria Nacional de Támara, Francisco Morazán se trasladó a 28 internos hacía el Centro Penitenciario de El Porvenir, F.M. Días después se trasladó a otros 35. En total se trasladaron a 63 privados de libertad que posteriormente fueron llevados a El Pozo I, por ser integrantes de maras y pandillas.
Mientras que en el 2016, las autoridades realizaron el traslado de 140 privados de libertad desde diferentes centros penales del país, estos eran miembros de organizaciones criminales que desde las cárceles seguían ordenando crímenes y extorsiones.
