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La Secretaría de Educación registra que unos 50,505 estudiantes hondureños desertaron o abandonaron el sistema educativo en este 2022.
La cantidad representa el 2.73% de la matrícula inicial que se registró en 2022, alcanzando 1,850,000 estudiantes a nivel nacional.
Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua y Olancho son las regiones con más casos de deserción, según la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (Usinieh).
En comparación con el 2021, estas mismas regiones son las que mostraron mayores incidencias del abandono escolar de estudiantes hondureños.
El presupuesto de Educación para el 2023, el cual supera los L 38 mil millones, será destinado también para
afrontar este flagelo. Sin embargo, la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, los militares se llevan el mayor presupuesto.
Impacto
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a través de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico presentó un Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que emite una serie de recomendaciones encaminadas a que se garanticen los derechos humanos de los docentes jubilados que, amparados en el Decreto 57-2019, solicitaron el beneficio de las 60 rentas.
En el escrito, se advierte que la falta de pago del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), a los docentes jubilados.
Tiene un fuerte impacto en su derecho a la vida, la salud, seguridad social y en la protección especial que deben tener los adultos mayores.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre solicitó a la Sala de lo Constitucional admitir el Amicus Curiae; además que, al momento de emitir sentencia, reconozca los efectos colectivos presentados en la acción de Amparo bajo el expediente SCO-1310-2022.
Además, la Defensora del Pueblo solicitó que el fallo sea extensivo no solo a los que presentaron ese recurso, sino a todas las personas que solicitaron acceder al beneficio de las 60 rentas.
También recomienda que se ejerza un control de convencionalidad y constitucionalidad en el expediente de mérito a fin de brindar una respuesta judicial efectiva y diferenciada, garantizando así los derechos a la vida, seguridad social, salud y al debido proceso.
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