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El magistrado Ricardo Rodríguez asumió ayer la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el reto de continuar impulsando acciones de velar por el correcto uso de los bienes y recursos del Estado.
La tradicional rotación de presidencia se oficializó en una sesión administrativa del Pleno de Magistrados celebrada este lunes 7 de diciembre de 2020
Conforme lo indica el proceso legal, el magistrado José Juan Pineda Varela entregó los sellos de la Presidencia del TSC al magistrado Ricardo Rodríguez, quien desempeñará dicho cargo por el período de un año, como lo contempla la Ley Orgánica del TSC.
La actual administración del TSC la integran los magistrados José Juan Pineda Varela, Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro, quienes fueron nombrados por el Congreso Nacional (CN) para desempeñar sus funciones por un período de siete años, contados a partir del siete de diciembre del año 2016, concluyendo el siete de diciembre de 2023.
El artículo 9 de la Ley Orgánica del TSC cita que, “El Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por tres (3) miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los Diputados. Corresponde al Congreso Nacional la elección del Presidente. La Presidencia del Tribunal será ejercida de manera rotativa por períodos de un (1) año entre los miembros que la integran, en el orden de su elección”.
En tal sentido, el magistrado José Juan Pineda Varela concluye su segundo año como titular del Ente Fiscalizador Superior, relevando la presidencia al magistrado Ricardo Rodríguez, quien desempeñará este alto cargo hasta el siete de diciembre de 2021.
El magistrado Rodríguez asume por segunda ocasión la presidencia del TSC garantizando a la comunidad nacional e internacional el cumplimiento de la misión de velar por la gestión eficaz y eficiente de los bienes y recursos del Estado, en procura de una administración transparente, promoción de los valores éticos y morales en beneficio de Honduras.
El TSC fue creado por el CN mediante Decreto No 268-2002, del 16 de enero de 2002, ratificado en la siguiente Legislatura, como el ente rector del sistema de control de los recursos públicos.
