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TEGUCIGALPA. Sectores de Oposición en el país sostienen que la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala (CICIG), sería un llamado para no pasar por alto que en Honduras puede gestarse un destino similar para la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Y es que desde el fin de semana se percibe en Honduras un fuerte eco, pues ya es conocido el gobernante de Guatemala, Jimmy Morales, justificó la resolución de dar por concluido el mandato de la CICIG a partir de 2019 porque -desde su punto de vista- ha existido una “persecución ilegal” que “viola los principios y prácticas constitucionales”.
Desde su nacimiento, la CICIG fue revestida de facultades para promover la investigación, fortalecer la persecución penal y procurar la sanción.
Este órgano surgió en el vecino país bajo el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de investigar y desarticular cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos. Luego extendió sus facultades hacia las estructuras de corrupción.
La Comisión que hasta ahora opera en Guatemala puede recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para desbaratar grupos irregulares y cuerpos ilegales de seguridad, así como la operación de reformas jurídicas e internacionales.
Pero cayó en desgracia desde septiembre del año pasado, con motivo de la declaración de persona “non grata” de su jefe, Iván Velásquez, por parte de Morales, lo cual desencadenó toda una crisis política.
La CICIG había solicitado despojar de inmunidad al presidente Morales e investigarlo por supuesta financiación ilegal de su campaña electoral, una iniciativa que finalmente fue rechazada por el Congreso de Guatemala.
En Honduras, sectores inconformes con la presencia de la MACCIH ya dieron pasos para poner en situación de riesgo a dicha dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hace varios meses, el Poder Judicial conoció de una solicitud presentada para que fuese revisado el principio de constitucionalidad del acuerdo de creación de la MACCIH.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió -por unanimidad de votos- que el convenio que dio luz a la Misión es constitucional, pero generó interpretaciones encontradas en cuanto a la existencia y atribuciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).
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Organismos internacionales y su respaldo
La comunidad internacional y los organismos nacionales, en su mayoría, han respaldado las ejecutorias de este brazo técnico y especializado del Ministerio Público.
Y los cerrojos que se coloquen a sus actuaciones, al amparo de la sentencia que el Poder Judicial emitió en junio sobre la constitucionalidad de la MACCIH, es una situación que tendrá que ser vigilada de cerca.
El convenio de institución de la MACCIH le otorga a esta dependencia la facultad de proponer enmiendas al sistema hondureño de justicia, incluyendo una legislación para fortalecer el combate a la corrupción en el sector privado.
Surgió al calor del movimiento de “Los Indignados” que exigieron castigo para quienes sustrajeron y desviaron los fondos del Seguro Social.
Sin embargo, lo ocurrido en Guatemala puede convertirse en un asidero para darle el mismo triste destino a la MACCIH, opinan sectores críticos del país.
Desde que la misión fue sacudida en su cúpula por diferencias entre algunos de sus funcionarios con la misma Secretaría de la OEA, ciertos grupos de opinión aseguran que la MACCIH tiene un futuro incierto y se atreven a declarar que, de todas maneras, las instituciones que existen en Honduras son suficientes para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
