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Previo a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ingresaron la tarde de ayer al comando donde se encuentra recluido para realizar una inspección.
El exmandatario (2014-2022) lo acusan en EE.UU. de tres delitos asociados con una presunta conspiración para el tráfico miles de kilogramos de drogas en ese país.
Sabillón junto con los de la DEA ingresaron a eso de las 3:00 pm y subieron hasta el helipuerto de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
Ahí se hizo una reunión preparatoria y, dos horas después de su ingreso, el funcionario abandonó las instalaciones.
Minutos después llegó a la sede policial la ex primera dama Ana García a realizar la visita acostumbrada.
Estos movimientos suponen que pronto sería extraditado, aunque Sabillón vaticinó que será durante esta semana.
“Juan Orlando (Hernández), esas acusaciones son falsas, creo en tu inocencia, día y noche estamos orando. Son miles de hondureños que se han sumado a nosotros con sus oraciones y muestras de solidaridad. Te amo y te extrañamos en casa”, escribió García en una publicación en sus redes sociales.
Hernández es acusado por la justicia de Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y armas.
Las acusaciones
Los señalamientos y sospechas sobre el exmandatario no son nuevos.
En 2018, su hermano Juan Antonio Hernández, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico.
En marzo de 2021, el exdiputado fue hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia EE.UU. y condenado a cadena perpetua.
Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente, que siempre ha rechazado estos señalamientos.
Aunque durante los ochos años que Hernández estuvo en el poder se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en la región, las cosas comenzaron a complicarse mucho antes de que dejara el cargo de presidente, el pasado 27 de enero.
Pero su salida del cargo, que lo dejó sin inmunidad presidencial, fue el detonante de la medida judicial.
Durante el juicio al hermano se puso en evidencia cómo los grupos de narcotráfico infiltraron casi todas las esferas del poder en Honduras, desde el ámbito judicial pasando por la fuerza pública hasta llegar al poder ejecutivo.
De hecho, los propios fiscales del caso señalaron directamente a Juan Orlando Hernández, acusándolo de “facilitar el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad” para los narcotraficantes.
Otro de los casos que salpicó a Hernández, y que finalmente disparó el proceso contra el exmandatario, fue el de Geovanny Fuentes Ramírez, también juzgado por un tribunal de Nueva York y hallado culpable a principios de febrero de este año.
Fuentes fue condenado a cadena perpetua por el tráfico de cinco toneladas de cocaína y a otros 30 años de cárcel por el porte ilegal de armas, al considerar que protegía su mercancía con el uso de ametralladoras.
Durante el procedimiento judicial en contra de Fuentes Ramírez se indicó, a través de varios testimonios, que uno de sus socios sería Juan Orlando Hernández.
Uno de los testigos de ese caso indicó que escuchó a Hernández decir que quería meter drogas “en las narices de los gringos” inundando Estados Unidos con cocaína.
