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Desde múltiples frentes, la sociedad civil organizada ha denunciado que esta legislación se aprobó de manera acelerada, inconsulta y con claros beneficios para intereses empresariales, lo que amenaza con profundizar la crisis ambiental, social y de derechos humanos que ya enfrenta el país.
Organizaciones en alerta: una ley a espaldas del pueblo
Más de 60 organizaciones articuladas en la Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad (MTT-CCI) se pronunciaron en contra de la ley, calificándola como una “regresión normativa” que viola estándares ambientales y derechos fundamentales.
“La posibilidad de emitir más de 400 licencias ambientales de forma inmediata representa una amenaza directa a los ecosistemas, los pueblos originarios y las comunidades campesinas”, afirman en su comunicado. Para estas organizaciones, la ley refuerza la captura del Estado por intereses corporativos, al permitir que proyectos estratégicos como represas, zonas francas, hidroeléctricas y minas avancen sin control social ni evaluación ambiental rigurosa.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras también advirtió que esta ley forma parte de un patrón de violencia institucional. “El extractivismo es una de las expresiones más violentas del patriarcado capitalista”, señalaron, destacando que quienes más sufren los impactos de estas políticas son las mujeres defensoras de territorios, víctimas de criminalización, desplazamientos y asesinatos.
CESPAD: los riesgos persisten pese a salvaguardas
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) alertó en su informe más reciente que, pese a que se incorporaron salvaguardas formales a última hora, la ley sigue siendo altamente riesgosa. Denuncian que no hay mecanismos claros de consulta previa, libre e informada, lo que vulnera derechos de comunidades indígenas y campesinas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.
Además, advierten que el modelo propuesto se limita a favorecer inversiones extractivas sin garantizar transparencia. En Honduras, más de 150 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en la última década, y la impunidad supera el 90%. Bajo este contexto, CESPAD califica la normativa como una “licencia para despojar, desplazar y criminalizar”.
Honduras en Humanos: “Venden el país a pedazos”
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras fue más tajante en su pronunciamiento: “El gobierno actual ahora vende la tierra, los ríos, las montañas y los bosques a la empresa privada depredadora de la riqueza de este país”. Señalan al presidente del Congreso, Luis Redondo, como el principal impulsor de una ley que agiliza licencias sin consultar a las comunidades afectadas.
Para estas organizaciones, la legislación no solo atenta contra los bienes naturales, sino que rompe con el mínimo respeto al debido proceso y a la justicia ambiental. Afirman que esta política refuerza el legado de violencia contra las comunidades organizadas, especialmente indígenas, negras y campesinas, quienes históricamente han resistido el modelo extractivo en Honduras.
También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras se sumó a las voces de alerta. En un comunicado reciente, expresó su profunda preocupación por las disposiciones contenidas tanto en la ley como en su reglamento, especialmente aquellas que permitirían la emisión automática de licencias ambientales si la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) no resuelve dentro de los plazos establecidos. Según la OACNUDH, esto podría dar lugar a la aprobación de proyectos sin verificación técnica ni consulta, vulnerando los derechos de las comunidades y debilitando la institucionalidad ambiental.
Aunque reconoce los esfuerzos del Estado por fomentar la inversión y generar empleo, la OACNUDH advierte que el desarrollo económico no puede ir en detrimento de los derechos humanos ni de la protección ambiental. Señala que, en su forma actual, la ley podría agravar el ya crítico escenario de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes protegen los recursos naturales. El organismo hace un llamado a armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, de modo que se garantice un desarrollo sostenible, inclusivo y justo para todas las poblaciones, especialmente las más vulnerables.
¿Gobierno con conciencia ambiental?
En contraste, la presidenta Xiomara Castro defendió la normativa asegurando que su gobierno representa un cambio. “Hoy volvió un gobierno con conciencia social y ambiental”, dijo recientemente en Catacamas, Olancho. La narrativa oficial apunta a una “responsabilidad compartida” entre el Estado y el sector privado para generar empleo y desarrollo.
Pero para los movimientos territoriales y defensores del medio ambiente, la ley representa exactamente lo contrario: una profundización del modelo extractivo que viola derechos y pone en riesgo los últimos ecosistemas intactos del país.
Exigen detener la ley y abrir diálogo nacional
La Mesa Tierra y Territorio exige detener de inmediato el trámite de esta ley, y someter cualquier cambio a un proceso amplio, transparente y vinculante, con la participación activa de las comunidades y los pueblos afectados. También solicitan la derogación de normativas regresivas que priorizan la inversión por encima del derecho a la vida y a un ambiente sano.
La sociedad civil convoca a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “Sin territorios, no hay democracia. Sin consulta, no hay justicia ambiental. Basta de leyes al servicio del extractivismo y la impunidad”, enfatiza el pronunciamiento.
Según las organizaciones, de concretarse esta ley tal como ha sido planteada, el país podría enfrentar una nueva ola de conflictos socioambientales, con comunidades desplazadas, defensores perseguidos y ecosistemas en riesgo irreparable. La experiencia acumulada en décadas de lucha por los territorios, y los más de 150 asesinatos de personas defensoras en los últimos años, son recordatorios del costo humano que pueden traer decisiones sin consulta ni garantías.
Diversas redes de sociedad civil han alertado que, lejos de fortalecer la institucionalidad ambiental, este tipo de reformas podrían profundizar la desconfianza entre las comunidades y el Estado, y acelerar la fragmentación de los territorios en favor de intereses económicos concentrados.
Mientras tanto, instan al Gobierno y al Congreso Nacional a escuchar a los pueblos, garantizar procesos transparentes y a detener cualquier avance legislativo que vulnere derechos fundamentales bajo la bandera del desarrollo. El desenlace, advierten, dependerá de la voluntad política de rectificar, pero también de la capacidad de articulación de los sectores que hoy levantan la voz en defensa del agua, la tierra y la vida.
