Ley de Justicia Procesal Electoral garantizará fallos en 30 días

La Ley de Justicia Procesal Electoral garantizará fallos en 30 días, certeros e inapenables para evitar fraudes y fallas como el del municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, sin alcalde desde hace dos años, aseguraron los proyectistas al presentar el dictamen, ayer, en un hotel capitalino.

El nuevo instrumento sustituye también el reglamento con el que ha venido trabajando el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y detalla el procedimiento para el nombramiento de sus magistrados, además de todo un compendio de regulaciones para la subsanación y plazos de las impugnaciones a los resultados electorales.

El documento fue presentado por el TJE y la Comisión Electoral del Congreso ante cooperantes internacionales, representantes de la sociedad civil y líderes de las bancadas en la Cámara Legislativa, que se han comprometido a reunir los 86 votos que la iniciativa requiere para su aprobación.

Conforme a la Constitución, la nueva ley debe ser aprobada en esta legislatura y ratificada en la siguiente, que comienza el 25 de enero del 2024, para que pueda ser aplicada en los comicios primarios y generales del 2025.

Actualmente, el Congreso enfrenta una parálisis desde hace cuatro meses debido a las disputas entre la opocisión, encabezada por el Partido Nacional y el oficialismo, Libre, que ha impedido pasar leyes y nombramientos, como los otros dos magistrados que le faltan al TJE.

Esta institución se encuentra a cargo únicamente de la magistrada-presidenta, Miriam Barahona, de filiación liberal, ante la ausencia de sus dos compañeros, uno, por muerte, Ernesto Paz Aguilar, que representaba a Libre y Gaudy Bustillo, quien hacía lo mismo por el Partido Nacional, ahora, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Debido a esos dascuerdos ni Libre ni los nacionalistas han postulado a los sustitutos.

PIONEROS EN CENTRAOMÉRICA

Al presentar el dictamen, la magistrada Barahona aseguró que la nueva normativa “garantizará elecciones transparentes y es un hito para el país ya que Honduras será el pionero en Centroamerica en esta materia”.

En el acto, pidió al Congreso aprobar con prontitud el dictamen y aumentar el renglón presupuestario de los 20 millones de lempiras actuales al TJE para poder ejercer las contrataciones de empleados vitales de cara al proceso electoral.

Al mismo tiempo, aclaró que mantiene en cero la mora de ese organismo a pesar de la aunsencia de sus dos compañeros y que no ha resuelto el caso de la alcaldía de San Antonio de Flores porque la CSJ aún no le remite los expedientes.

Al respecto, el presidente de la Comisión Electoral del Congreso, y vicepresidente de la Cámara Legislativa, el diputado oficialista Rasel Tomé, le prometió en el acto gestionar su petición financiera ante la comisión legislativa de presupuesto de la que también es parte. Aseguró que “hay ambiente positivo” para reunir los 86 votos requeridos.

En relación al contenido de la nueva normativa, señaló que “trae certeza y ya no va a pasar, lo tengo que decir, como el caso del municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, donde es muy penoso que no hay alcalde desde hace dos años”.

Como novedad, el legislador aseguró que la normativa ordena al CNE resolver todos los reclamos después de las elecciones y faculta al TJE dar fallos inapenables en 30 días, después de las elecciones.

Aclaró que lo ideal sería que ningún caso pase a la CSJ, pero admitió que no se puede vulnerar esa garantía de los candidatos. Detalló que si no fuera por la CSJ, el municipio de San Antonio de Flores tendría alcalde desde el 27 de enero del 2022.

También se recomendó que los reclamos se agoten en primera instancia en el CNE y por último en el TJE.

PADRINOS POLÍTICOS

En su intervención, el diputado liberal, Jose Rosario Tejeda, otro de los dictaminadores, dijo que espera que la nueva herramienta “traiga procesos electorales justos, que ya no queden esas dudas que quedan pasadas las elecciones y que salgan los que ganen y no los que tienen un padrino político, como ha venido ocurriendo”.

Del mismo modo, la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Lourdes Maribel Mejía, confesó que los procesos electorales hondureños son vulnerables al fraude y manejados por los “jefes políticos”. Recordó que mientras fue capacitadora del TSE, ahora Consejo Nacional Electoral (CNE), conoció casos de activistas que llegaban a los talleres solo porque los mandaban sus jefes de los partidos y por ganarse los 120 lempiras por asistir.

Incluso, admitió que fue apartada de las capacitaciones porque precisamente disuadía a los participantes a no prestarse a los fraudes electorales. “Esa es la realidad de nuestros procesos electorales y no podemos aspirar a cambios, si los líderes políticos no respetan los valores democráticos.

Al respecto, el congresita democratacristiano, Carlos Raudales, aseguró que la nueva ley “es una herramienta para controlar a los deshonestos y defender a los honestos y terminará con los vicios de aquellos politicos que se enamoran del poder”. El diputado declaró en el acto su voto a favor de la ley, una vez que sea turnada al pleno de la Cámara Legislativa.