Primicia Honduras Diario Digital 
Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza
El día 30 del mes recién pasado, acudimos a las oficinas del CNA junto con el presidente y otros miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, con el fin de enterarnos e informarnos con suficiente amplitud de la situación jurídica producida por el fallo de la Corte de lo Penal de Competencia Nacional en Materia de Corrupción sobre el renombrado caso denominado como “La Caja Chica de la Dama”, que involucra a la exprimera dama del país señora Rosa Elena Bonilla Ávila.
Sin ánimo de personalizar el asunto pues no es nuestra intención, sí debo dejar claro que nos produjo mucha tristeza e impotencia el darnos cuenta que las presiones políticas y los arreglos internos del Partido Nacional han logrado nuevamente torcer el brazo de la justicia y cambiar el destino legal de una funcionaria de un gobierno nacionalista, cuando sorprendentemente la Corte de Apelaciones antes mencionada, con una interpretación traída de los cabellos y violentando tratados internacionales y la legislación interna, expulsa el caso de la jurisdicción en materia de corrupción y convierte los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos en un delito de apropiación indebida, siendo este un tipo penal contra el patrimonio que transforma los ilícitos cometidos en delitos de bagatela que finalmente dormirán el sueño de los justos en las gavetas del Poder Judicial.
Equivocadamente la Corte de Apelaciones señala en su sentencia que la persona en mención no es funcionaria o empleada pública porque no fue electa, seleccionada o nombrada a un cargo público con un desconocimiento total de la normativa internacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y otras leyes nacionales que claramente definen como funcionario público, “a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado, ya sea designado, elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de la persona en el cargo”, hay que mencionar que la señora Bonilla tenía un sueldo de 80,000 lempiras como responsable de una oficina denominada Despacho de la Primera Dama, cotizó al INJUPEMP todos los años que fungió como responsable del mismo, manejó fondos públicos y ejerció con los mismos actos administrativos, mantenía una cuenta en un banco con esa denominación y de esa cuenta traspasó 16 millones de lempiras a su cuenta personal y con ese dinero compró una inmobiliaria a “Los Cachiros” por un valor de 3 millones de lempiras, mi pregunta es, ¿qué más prueba necesitaban los magistrados de que se cometieron los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos?, no solo son evidentes sino que están debidamente documentados, eso sirvió a la UFECIC y a la juez de Letras del circuito anticorrupción a tomar las resoluciones tomadas.
La sensación que queda en el aire es que, con esta decisión no solo se debilita la existencia misma de los juzgados en materia de corrupción, sino que también de la UFECIC y el CNA que han emprendido una lucha cuesta arriba porque en Honduras no existe en realidad la voluntad política del Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Judicial de perseguir los delitos y la impunidad en dicha materia, que lo que en el fondo se pretende es debilitar la posición de la abogada Gabriela Castellanos y del abogado Odir Fernández, que valientemente han acometido la tarea de investigar y promover el castigo de los delitos de cuello blanco y demás conexos desde el CNA al cual acuerpamos con toda nuestra convicción ciudadana, es imperativo que la asamblea de dicho organismo les dé un espaldarazo y un voto de confianza por su dedicada labor por adecentar la administración pública del país, dejarlos solos en este momento sería una bofetada más para el pueblo hondureño que demanda castigo a los que cometen delitos contra el Estado mismo y el fin de la impunidad en nuestra nación.
La otra sensación que nos deja ese fallo endeble en sus argumentos es el hecho que, con esta medida, se está preparando el camino para que más adelante no se le puedan pedir cuentas a ninguna exprimera dama, los más escépticos dicen, que lo que se busca, es allanarle el camino a la actual primera dama para que en el futuro no sea sometida a acusaciones en el campo de la corrupción, que no puedan asegurársele bienes o declarársele en prisión preventiva por delitos de igual calificación y envergadura, perpetuando así el flagelo de la corrupción rampante que ha sido la característica dominante de los últimos gobiernos nacionalistas.
No me queda ninguna duda, que con este y otros casos emblemáticos, la lucha anticorrupción está bajo ataque en Honduras, esperamos que la OEA, la ONU y otros organismos internacionales, las embajadas de países amigos, se manifiesten contundentemente por la violación de los tratados internacionales suscritos por Honduras en esta materia y en contra del debilitamiento de esta lucha que es de todos. Nadie debe quedarse callado ante tal embestida en contra de la lucha anticorrupción.
(*) Catedrático Universitario, Secretario General del Partido Liberal de Honduras.
