L112 millones después, el sistema electoral sigue fallando: el silencio que marca las Elecciones en Honduras

Honduras invirtió más de L112 millones en un sistema electoral que colapsó y dejó más preguntas que respuestas. Cada caída del TREP, cada retraso en la transmisión de resultados, expone no solo fallas técnicas, sino la vulnerabilidad de un proceso que debería ser transparente y confiable. En el centro de este laberinto se encuentra Grupo ASD, la empresa colombiana encargada de manejar el escrutinio preliminar, cuya experiencia internacional y protocolos de seguridad son ahora objeto de escrutinio.

Expertos en tecnología electoral advierten que las fallas no se explican solo por saturación de datos: inexistencia de auditorías públicas, ausencia de certificaciones internacionales y simulacros de tráfico real insuficientes agravan la percepción de riesgo. Mientras tanto, la ciudadanía exige saber quién responde por cada error, quién garantiza que los resultados reflejen la voluntad del pueblo y qué medidas se adoptarán para evitar que un colapso similar vuelva a ocurrir.

Antes de que Honduras pueda confiar en su propio sistema, surge la pregunta que se impone en cada conversación: ¿qué tan preparado estaba el país para un proceso de esta magnitud y qué responsabilidad tiene Grupo ASD en esta vulnerabilidad que dejó en jaque la confianza electoral?.

¿Quién es Grupo ASD y qué experiencia tiene?

Registros públicos en Colombia muestran que Grupo ASD tiene trayectoria en soluciones tecnológicas, incluyendo proyectos de seguridad digital y procesos de manejo de datos. De acuerdo con reportes publicados por medios de ese país, la empresa ha participado en servicios tecnológicos relacionados con identificación digital, manejo de información, plataformas administrativas y, en algunos casos, apoyo a procesos electorales en Colombia, según revisiones hechas por Primicia Honduras a documentación pública del Consejo Nacional Electoral de Colombia y organismos regionales.

En Honduras, la empresa ganó la licitación por obtener la mejor calificación técnica y económica, según el propio CNE. Pero dos preguntas siguen abiertas:

• ¿Existía experiencia suficiente para manejar un proceso electoral de alto tráfico y alta criticidad?
• ¿Qué mecanismos de verificación se aplicaron para comprobar esa experiencia?

Un sistema que falla más de una vez: ¿sobrecarga, arquitectura limitada o falta de simulación real?

Especialistas en infraestructura digital consultados por Primicia Honduras explican que la lentitud y las interrupciones en sistemas de transmisión masiva suelen tener tres causas:

• Infraestructura insuficiente (servidores que no soportan la cantidad de solicitudes simultáneas).
• Arquitectura obsoleta (bases de datos lentas o servicios mal distribuidos).
• Falta de pruebas de estrés masivas antes del día de la elección.

En este proceso, las fallas no ocurrieron una sola noche. La ciudadanía reportó —durante varias horas y en distintos momentos— interrupciones, lentitud, falta de actualización y demoras en la publicación de los resultados.

Un experto en ciberseguridad que pidió anonimato por razones profesionales, sostuvo: “Un TREP moderno debe tener redundancia, distribución geográfica, arquitecturas en la nube de alta disponibilidad y simulacros de tráfico iguales o superiores al escenario real. Si algo falla es porque una de esas capas no existe o no está bien ejecutada.”

¿Qué hace falta en Honduras para tener un sistema verdaderamente robusto?

Consultas realizadas por Primicia Honduras con ingenieros en sistemas señalan tres debilidades estructurales en el país:

• Falta de infraestructura de centros de datos soberanos con certificaciones internacionales.
• Procesos de licitación que no exigen la publicación del código, algo que otros países sí permiten para auditorías.
• Ausencia de auditorías técnicas independientes antes, durante y después de las elecciones.

Para los especialistas, Honduras puede avanzar hacia sistemas más ágiles si:

• Los contratos incluyen procesos obligatorios de auditoría pública,
• Se ejecutan simulacros abiertos con observadores,
• Y se exige infraestructura replicada dentro y fuera del país con certificaciones ISO.

¿Opera o no opera desde fuera del país?

Una aclaración necesaria. En versiones periodísticas y opiniones públicas circula la idea de que Grupo ASD opera “desde el extranjero”.

Sin embargo, no existen documentos oficiales que confirmen que el control central del TREP se haya manejado exclusivamente fuera de Honduras.

Lo que sí se sabe —según fuentes técnicas del CNE consultadas bajo condición de anonimato— es que la empresa mantuvo personal y servidores operativos en territorio hondureño, como parte de los requisitos establecidos en el contrato.

Por responsabilidad profesional y legal, no es posible afirmar que el sistema fue administrado únicamente desde el exterior, pero sí es válido exigir claridad y documentación pública que confirme:

• Dónde estaban ubicados los servidores principales,
• Cuáles eran de respaldo,
• Y cómo se gestionaron los accesos remotos durante el proceso.

¿Y ahora qué? ¿Habrá auditoría o la empresa saldrá del país sin responder?

El punto crítico es que, hasta el momento, no se ha anunciado una auditoría técnica completa, independiente y pública sobre el desempeño del TREP.

Para un proceso electoral que maneja cientos de miles de votos, esto deja vacíos importantes.

• ¿Habrá investigación formal?
• ¿El CNE solicitará un informe técnico completo?
• ¿O la empresa simplemente entregará el servicio, retirará su personal y cerrará el capítulo sin más explicaciones?

La transparencia no depende solo de los resultados electorales, sino también de la capacidad del Estado para exigir responsabilidad técnica y contractual.

Lo que está en juego

Honduras invirtió más de L112 millones en un sistema que, según especialistas, requiere responder preguntas esenciales:

• ¿Qué falló exactamente?
• ¿Por qué falló más de una vez?
• ¿Qué procesos de prueba se ejecutaron antes del día clave?
• ¿Qué garantías reales se establecieron en el contrato?
• ¿Se activarán auditorías con participación técnica independiente?

Estas respuestas no pertenecen a ningún partido político: son exigencias legítimas de la ciudadanía.

Y mientras no se aclaren, el debate seguirá, porque en democracia, la tecnología no solo debe funcionar: debe demostrar que funciona.