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Un juez dictó hoy auto de apertura a juicio al diputado del Partido Nacional, Román Villeda Aguilar en el caso llamado “Pacto de Impunidad”.
Villeda Aguilar es acusado por delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que el juez declaró sin lugar la solicitud del Ministerio Público (MP) de acusar al diputado por el delito contra la forma de Gobierno en perjuicio de la seguridad exterior del Estado.
También fue rechazada la petición de sobreseimiento definitivo que planteó la defensa del congresista en la audiencia inicial, en la cual argumentaba que no concurre conforme al artículo 296 del Código Procesal Penal.
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Silva dijo que el juez ordenó a ambas partes que se presenten en un plazo de cinco días se presenten en los tribunales para indicar la dirección exacta para que le lleguen las notificaciones.
Caso pacto de impunidad
El caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de MACCIH-OEA, presentó Requerimiento Fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
Un comunicado de MACCIH detalla que, la audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.
Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.
El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de Presidente y Secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento.
Juez de Letras Designado en Resolución de Audiencia Preliminar que será notificada a partes procesales, Decreta Auto de Apertura a Juicio Oral la causa instruida al diputado Román Villeda Aguilar por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Abuso de Autoridad. pic.twitter.com/ywWACKrHbM
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 19, 2019
