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Uno de los testigos llamados por el tribunal a declarar el fin de semana en el juicio por la muerte de Berta Cáceres, fue el exgerente de seguridad de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), Douglas Bustillo, quien ratificó que si bien tuvo con contactos con Roberto David Castillo, imputado, éstos fueron por una consultoría en seguridad que daba en torno a un proyecto en el sur del país.
De acuerdo con los acusadores, Bustillo recibió de Castillo logística para cometer el crimen de Berta Cáceres, así como dinero en pago. Esta tesis se basa en una de las conclusiones que hizo perito del Ministerio Público, Brenda Barahona, a partir de unos chats de WhatsApp y llamadas telefónicas.
Estas comunicaciones entre ambos no hablan de facilitar medios para el crimen o de pago por éste, pero la perito interpreta que a eso se referían.
Bustillo fue condenado por el crimen hace unos años y guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán y al ser interrogado por las acusaciones y los defensores, confirmó contactos con Castillo en noviembre de 2015, meses antes de la muerte de Berta.
Sin embargo, Bustillo conectó con la tesis de la defensa al señalar que ese acercamiento fue “porque me enteré de que tenía un proyecto en el sur de energía renovable” y aseguró que el primer viaje al sur lo hizo con Sergio Ramón Rodríguez, exgerente ambiental de DESA.
Sobre ese viaje expuso que fue para hacer un reconocimiento en el área tanto en materia de seguridad como ambiental. “Para hacer el estudio del proyecto tuvo que viajar tres veces a la zona sur”, concluyó Douglas Bustillo.
Las fechas coinciden con los momentos en que se comunicó con Castillo y que han quedado establecidas en los análisis telefónicos. Además, se le puso a la vista una imagen satelital y reconoció que se trataba del proyecto del sur para el que fue contratado.
También señaló que la solicitud de logística y presupuesto a Castillo la hizo para hacer bien su trabajo.
Líder indígena también declaró a favor de la defensa
Otro testigo de los acusadores llamado al tribunal el fin de semana fue José Héctor García, un líder de un consejo de patronatos de la zona donde operaba DESA. García pintó al Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), como una organización violenta.
El líder lamentó los daños que provocaba el COPINH en su comunidad como parte de las protestas en contra de DESA, “Destruían las casas, la producción, milpas, cafetales y dañaban las carreteras”, declaró.
“La compañía iba a realizar varios proyectos, con buena inversión para la comunidad, pero al final no se pudo”, insistió. Luego lamentó el asesinato de varias personas, entre ellos un niño de 14 años, dos de sus sobrinos y su hermano Juan García. “Las cosas se pusieron fuertes, compañeros asesinando compañeros”, señaló García.
Para terminar de abonar a la tesis de la defensa, aún cuando era testigo de los acusadores, García habló de la socialización del proyecto. Dijo que el alcalde de Intibucá realizó un cabildo abierto para socializar el proyecto y buena parte de los habitantes de la zona asistieron.
Y lo que más motivó a los habitantes, agregó García, fue que se anunció la reparación de la carretera y la construcción de un puente Bailey para sustituir el de hamaca que esta en mal estado.
Para estas obras, había inversiones de seis y ocho millones de lempiras, expuso. “Pero las constantes confrontaciones entre hermanos, no ayudó a construir estos proyectos”, finalizó.
