Un juez procesó este jueves y pidió prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que tiene inmunidad parlamentaria, por presunta traición a la patria y encubrimiento agravado.

Lo hizo en el marco de la causa que investiga si el Gobierno tramó un plan criminal para dar impunidad a los sospechosos del atentado contra la mutual judía Amia, que causó 85 muertos en 1994.

El magistrado Claudio Bonadio solicitó a la Cámara alta que le quite los fueros para poder detenerla, ya que la decisión judicial llega días después de la que exmandataria jurase como senadora.

El juez quiere que siga los pasos de otros de los acusados, entre ellos exaltos cargos kirchneristas, que quedaron procesados y detenidos.

La Cámara alta, que sesionará a partir del 10 de diciembre con los nuevos senadores, tiene ahora en sus manos la suerte de la expresidenta. Cuenta con 180 días para decidir. El antecedente más cercano es el exministro de Planificación Julio De Vido, a quien le retiraron la inmunidad parlamentaria y fue inmediatamente encarcelado por presunta corrupción el pasado 25 de octubre. Pero ambos casos presentan grandes diferencias. De Vido, responsable durante 12 años de las obras públicas multimillonarias realizadas con los Kirchner, acumulaba evidencias en contra y había caído en desgracia dentro del kirchnerismo cuando el Congreso le retiró su apoyo.

Por el contrario, la causa contra Fernández de Kirchner presenta muchos más claroscuros. El memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 fue aprobado por el Congreso argentino  y nunca entró en vigor porque no fue ratificado por los legisladores iraníes. Las alertas rojas de Interpol para detener a los sospechosos iraníes tampoco dejaron nunca de estar vigentes.

La expresidenta se presentó a las elecciones por fuera del justicialismo y encabeza un bloque minoritario de ocho senadores. Son insuficientes para bloquear la petición de desafuero, pero no está claro que exista apoyo suficiente para actuar contra ella. Para aprobar la retirada de inmunidad parlamentaria son necesarios los votos positivos de 2/3 de la Cámara, 48 senadores. El oficialista Cambiemos cuenta con 25 legisladores, por lo que la decisión final depende de un peronista alejado de Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, al frente de Argentina Federal, con otros 25 senadores.

Bonadio impuso también a la senadora un embargo de 50 millones de pesos (2,9 millones de pesos). El juez dictó los procesamientos un mes y medio después de citar a declarar a los acusados en esta causa, que fue abierta por el exfiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su apartamento de Buenos Aires de un disparo en la sien. Nisman, fiscal de la causa AMIA, había acusado a la entonces presidenta, al canciller y a otros funcionarios de haber orquestrado un plan criminal para “dotar de impunidad” a cinco iraníes sospechosos de ser los autores intelectuales del atentado a la Amia, el peor de la historia de Argentina, a cambio de beneficios económicos.

Los acusados, todos altos funcionarios o diplomáticos, tenían en enero de 2013 un pedido de captura internacional cuando el gobierno de Kirchner firmó con Teherán un memorando que lo habilitaba a interrogarlos en territorio iraní. El Gobierno presentó el acuerdo como la única posibilidad de avanzar en una causa que en ese entonces estaba paralizada, pero el fiscal entendió que fue en realidad “un incumplimiento a los deberes de funcionario público”. La causa fue desestimada con rapidez en 2015, pero se reabrió hace un año, ya con Mauricio Macri en el poder. Ahora está en el despacho de Bonadio, el juez más enfrentado a los Kirchner y quien fue apartado de la investigación del atentado en 2005.

Prisión domiciliaria para el canciller

La primera de las detenciones ordenadas por Bonadio ocurrió de madrugada. Policías federales arrestaron en su casa al exsecretario de Legal y Técnica durante los 12 años del kirchnerismo, Carlos Zannini. Horas después, fue el turno del militante kircherista Luis D’Elia, del líder islámico Jorge Alejandro YussufKhalil y se espera que el próximo sea el dirigente social Fernando Esteche. Bonadio dictó prisión preventiva por enfermedad para el excanciller Héctor Timerman y procesó también sin prisión preventiva al exjefe de los espías Óscar Parrilli y al legislador Andrés Larroque.

“Esta causa es un gran disparate jurídico. El Gobierno está detrás de esto, porque quieren un Parlamento sumiso, donde los legisladores voten lo que ellos quieren, pero conmigo no lo van a lograr. Voy a representar los intereses de la gente que me votó, como siempre lo hice”, se defendió la expresidenta tras comparecer ante el juez el pasado octubre.

“En la Argentina hoy cualquiera puede estar preso, pero si es por las causas que hay sin lugar a dudas no. Las pruebas son ridículas”, respondió la expresidenta a EL PAÍS al ser preguntada si creía que podía terminar en la cárcel.

La exmandataria está procesada e investigada también en otras causas, entre ellas varias por presunta corrupción, que se han acelerado desde que dejó la Presidencia. La más delicada es la que la investiga a ella y a toda su familia por presunto lavado de dinero de empresarios afines a través de los hoteles que tienen en El Calafate, un centro turístico al lado del Glaciar Perito Moreno. El golpe judicial recibido este jueves la debilita aún más.

(Fuente: El País – España)