Juez dicta detención judicial contra Jorge Alberto Barralaga Rivera (hijo)

Un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial contra Jorge Alberto Barralaga Rivera (hijo) tras presentarse ante la justicia hondureña para responder por las acusaciones de lavar 600 millones de lempiras en el expediente en el que ya fue condenado su padre, madre y la esposa.

La audiencia inicial se programó para el martes 27 de abril a las 10:00 de la mañana. Barralaga Rivera fue trasladado hasta la cárcel de Támara en el extremo norte del Distrito Central.

Se le imputa el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía de Honduras. El resultado de las investigaciones establece que el imputado presenta un incremento en su capital que no es compatible con los ingresos.

La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) evacúa en este momento la audiencia de declaración de imputado de Jorge Alberto Barralaga Rivera, quien tras permanecer más de tres años y medio prófugo, se entregó a la justicia, por considerarle responsable del delito de lavado de activos, en un caso denominado Operación Perseo, por el que ya se condenó al ex subcomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández (padre de Barralaga Rivera) y a la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Montse Paola Fraga Duarte.

Mediante esta acción del Ministerio Público la UF-ADPOL y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017 los aseguramientos al Clan Barralaga en la primera etapa que ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias.

Todo ello, en razón de movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertos al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.

Los otros implicados en la primera fase de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (arresto domiciliario, hermano del ex jerarca policial), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (prófuga, esposa de Barralaga Hernández), Edith Xiomara Roca Pérez (arresto domiciliario, cuñada de Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

En el caso particular de Barralaga Rivera, efectuó movimientos financieros no justificados que rondan los seiscientos veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete lempiras con trece centavos (Lps. 626, 775,587.13).

Además, en seguimiento a la causa, los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la ATIC, ejecutaron en fecha 11 de noviembre de 2019 la Operación Perseo II, logrando el procesamiento de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera.

En esta continuación del caso, se siguió el rastro de 5000 mil millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.

Adicionalmente, en relación a las operaciones ilícitas del Clan Barralaga, el 30 de noviembre de 2020 se ejecutó la Operación Perseo III en la que se capturó a otro socio de Barralaga Rivera de nombre José Antonio Interiano Contreras, señalado del delito de lavado de activos y quien no pudo justificar más de 154 millones de lempiras y por ello se le aseguraron 362 bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros.

A nivel general, en estas tres etapas de Perseo, las indagaciones de agentes de la ATIC asignados a la UF – ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

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