Primicia Honduras Diario Digital 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, dijo que la muerte de privados de libertad en los centros penitenciarios, son un reflejo de la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población.
El ombudsman hondureño considera que es una necesidad impostergable asegurar la mejor gestión penitenciaria que ponga a la población a salvo de una serie de hechos que van desde fugas, heridos, lesionados y hasta privados de libertad que han perdido la vida violentamente.
“Si hay fugas de privados de libertad quiere decir que la sociedad no está debidamente protegida” declaró.
Agregó que, si hay reyertas y como consecuencia muertos y heridos, significa que no se están garantizando adecuadamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad principalmente en cárceles de mínima, media o máxima seguridad, que se suponen tienen un mayor control por parte de las autoridades.
Esto explica que se necesita de personal más profesional, formado especialmente para las prisiones, a fin de fortalecer la capacidad de control interno y externo que necesita el Estado para cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos en su conjunto en el país, expresó.
El CONADEH ha señalado, con insistencia, en sus diferentes informes, tanto especiales como sobre la situación de derechos humanos en Honduras, las graves violaciones colectivas y sistemáticas que se cometen contra los privados de libertad, en todos los centros penales del país, presentando, en cada uno de ellos, recomendaciones para atender y dar solución a los problemas.
Como resultado de las quejas atendidas por el CONADEH, de la población penitenciaria y sus familiares, así como las visitas e inspecciones constantes que realiza su personal a los centros de privados de libertad, han encontrado una serie de indicadores que persisten.
Entre estos indicadores está el retardo en la aplicación de justicia, hacinamiento, inseguridad interna provocada por las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes, carencia de los medios de rehabilitación y fugas, entre otras.
En los últimos 8 años, más de 500 privados de libertad han muerto en los centros penales del país. En los últimos días, al menos, cuatro perdieron la vida violentamente dos en La Tolva ubicada en Moroceli, El Paraíso y otros dos en Ilama, Santa Bárbara.
Según Herrera Cáceres se necesita fortalecer todo el sistema de administración penitenciaria sobre la base de los principios internacionales, que son orientadores, en cuanto a la necesidad de tener personal especializado que formado sobre la base de los derechos humanos pueda dar garantía tanto de seguridad externa para la sociedad en relación con los privados de libertad y su tratamiento humanitario al interior de los centros de detención.
Indicó que se tiene que crear un ambiente de seguridad interna y externa, no olvidando, en todo caso, el tratamiento humano que debe existir hacia los privados de libertad.
El Defensor del Pueblo afirmó que el hacinamiento, que ha caracterizado las cárceles del país, es una seria violación a los derechos humanos.
