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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló este lunes que “la impunidad” en Honduras “es generalizada” y que la pobreza y la desigualdad están profundamente arraigadas en el país.
El informe describe la situación de los derechos humanos en Honduras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con un enfoque en la pobreza y los temas económicos y sociales; la violencia y la inseguridad; la lucha contra la corrupción y la impunidad; el espacio democrático; y la situación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El informe también destaca algunas de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y concluye con recomendaciones.
Nuevamente, la OACNUDH reitera la necesidad de prevenir la violencia y expresa su preocupación por el papel ampliado de los militares en las funciones de orden público, al tiempo que alienta al Gobierno a diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público, y garantice el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente revisada y capacitada.
La impunidad sigue siendo una preocupación muy grave, incluso por violaciones de derechos humanos, por ejemplo, los procesamientos y juicios de los miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas contra el resultado de las elecciones de noviembre de 2017 han avanzado poco, 22 civiles perdieron la vida, pero solo uno de estos asesinatos está actualmente en juicio, y el resto aún está bajo investigación.
La oficina sigue observando un patrón de criminalización de los/las defensoras/ras de los derechos humanos, incluidos activistas indígenas, campesinos y ambientales.
El caso reciente de la comunidad de Guapinol en el Bajo Aguan en el que 31 defensores de tierras que protestaban contra una compañía minera, fueron acusados de una serie de cargos por invasión de tierras a robos, incendios, secuestros y asociaciones ilícitas, es un caso emblemático.
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El Informe resalta, que es fundamental que el gobierno implemente planes adecuados para abordar las causas fundamentales de la migración, incluido el acceso a los derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo, la educación, la salud y la protección contra la violencia, incluso a través de la cooperación regional.
El informe anual de OACNUDH 2018 refiere sobre el apoyo de la ONU para desarrollar un Diálogo Político Nacional integral, solicitado por el gobierno y las principales partes para superar la crisis de noviembre de 2017 y consolidar la paz social, que concluyó el 11 de diciembre de 2018, sin ningún acuerdo formal.
En lo que refiere a los derechos de los pueblos indígenas, ACNUDH, destaca en su informe, que el proyecto de ley sobre la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, que actualmente está redactado en versión borrador, no cumple con los estándares de derechos humanos y no protege completamente los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios, recursos naturales, y consulta y consentimiento libres, previos e informados.
Los proyectos de desarrollo e inversión en tierras y territorios indígenas tienen lugar en contextos de profunda marginación y pobreza.
En mayo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos visitó Honduras, y concluyó que, “a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Estado para establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores de derechos humanos en Honduras no pueden operar en un entorno seguro y propicio”.
Al 15 de noviembre de 2018, al menos 320 mujeres habían muerto violentamente.
La dimensión de género de tales asesinatos parece todavía subestimada, ya que, hasta agosto, solo se habían presentado cargos por feminicidio en 13 casos. Por otro lado, “es muy preocupante la permanente discriminación que sufren las personas LGBTI, en violación al principio de igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género”.
En 2018, al menos 22 personas LGBTI fueron asesinadas, y en noviembre se llevaban a cabo juicios por cuatro de estos casos.
Las personas LGBTI continúan siendo discriminadas en todas las áreas de la vida.
Recomendaciones
1-Tomar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo a la tierra y los recursos naturales, cambiando el enfoque de criminalización de la usurpación de la tierra hacia un enfoque orientado hacia las condiciones socioeconómicas que subyacen al problema; Asegurar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el poder judicial, ejerza plenamente su mandato de monitorear las condiciones de empleo e imponer sanciones en caso de que se determinen violaciones de derechos laborales.
2- Adoptar una política o plan para guiar a las empresas respecto de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, para garantizar que el sector privado ejerza la diligencia debida y evalúe el impacto de las actividades empresariales en los derechos humanos, y que se diseñen remedios para mitigar cualquier impacto en los derechos humanos generado por dichas actividades.
3- Redoblar los esfuerzos para perseguir el crimen organizado en todas sus formas, reconociendo su estrecha conexión con los delitos económicos, incluida la corrupción.
4- Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público; fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad; y garantizar el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente depurada y capacitada.
5- Asegurar que la legislación se adopte o revise de acuerdo con los estándares de derechos humanos y otras normas de derecho internacional, priorizando áreas como el uso de la fuerza, el crimen organizado y el control de armas de fuego y municiones, así como la regulación de las empresas de seguridad privada; y reformar la legislación relacionada con el terrorismo y derogar el Artículo 335 del Código Penal.
6- Tomar las medidas necesarias para que las condiciones y políticas de los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con los estándares internacionales y para que se implementen medidas alternativas en pleno cumplimiento de las normas internacionales, en particular las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)
7-Priorizar las intervenciones que prevengan la institucionalización de los niños/as y persigan el interés superior del niño/a, e incrementar los recursos para la justicia juvenil y la protección de la niñez.
8- Adoptar las reformas legales necesarias para fortalecer la independencia del sector y la carrera profesional, y reformar el proceso de elección del Fiscal General a fin de garantizar la transparencia y la publicidad.
9- Intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad, en particular de las violaciones de derechos humanos, y promover la coordinación entre las unidades especializadas de la Fiscalía General.
10- Asignar los recursos necesarios para la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones de 2017, priorizando las muertes y las lesiones; llevar ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas del sector seguridad y la aplicación de la ley; y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas.
11- Revisar la legislación y las regulaciones que obstaculizan el derecho de acceso a la información pública, abordar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación mediante la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y despenalizar la difamación y la calumnia.
12- Promover la coordinación entre las entidades estatales con responsabilidades relacionadas con la protección de los defensores de los derechos humanos, entre otras cosas mediante el desarrollo y la adopción de una política integral, basada en los derechos humanos y en la perspectiva de género.
13-Avanzar en el desarrollo de un protocolo inclusivo, basado en los derechos humanos y en un enfoque de género, para la investigación de los delitos contra los defensores de los derechos humanos y el fortalecimiento de la nueva Unidad Especial.
14- Consultar debidamente con los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, sobre cualquier ley o reglamento para que se implementen consultas libres, previas e informadas, y redoblar los esfuerzos para delimitar, demarcar, registrar y proteger la integridad de las tierras de los pueblos indígenas.
15- Adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública; revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio en el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos; eliminar la prohibición absoluta del aborto, de conformidad con las obligaciones regionales e internacionales del Estado; y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
16- Tomar medidas concretas para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y garantizar investigaciones y enjuiciamientos prontos, eficaces y con enfoque de género de los delitos cometidos contra mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con la inclusión de recursos efectivos.
17- Reforzar medidas para abordar las necesidades de protección de las personas migrantes, en particular de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad; asistir a las víctimas de violencia con riesgo de desplazamiento forzoso; y apoyar el acceso de las personas migrantes retornadas a programas sociales y de empleo.
