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El Departamento de Estado de Estados Unidos, en Informe Derechos Humanos 2022, abarca el capítulo de: Informes de países sobre prácticas de derechos humanos: Honduras en el que destaca el desarrollo del país en la materia, señalando que ha habido una «impunidad generalizada».
El documento de 26 páginas, indica que el Gobierno actual de Xiomara Castro del partido Libre y las reseñas de los observadores internacionales del proceso electoral, «generalmente reconocieron las elecciones como libres y justas», dijeron.
Asimismo, señala que el “Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09)”.
Sobre el tema de la seguridad nacional, el Informe indica que «las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos».
Comenta que, Honduras es una república constitucional y multipartidista. Las elecciones nacionales y locales más recientes se llevaron a cabo en noviembre de 2021. Los votantes eligieron a Xiomara Castro del Partido LIBRE como presidenta por un período de cuatro años a partir de enero. Los observadores internacionales generalmente reconocieron las elecciones como libres y justas.
Sin embargo, en el apartado sobre la corrupción y falta de transparencia en el gobierno hondureño, el Departamento de Estado de EEUU, señala que, la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. “Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental”, indicó.
El informe indica que, 2 de febrero del 2022, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción.
El 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos. La sociedad civil había criticado la ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción.
Corrupción: El 10 de junio, Marco Bográn, exdirector de INVEST-H, la entidad gubernamental encargada de realizar contratos de alivio de la pandemia de COVID-19 con empresas privadas, fue declarado culpable de fraude agravado y condenado a más de 10 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 1.475 millones de lempiras ($58,7 millones). El tribunal lo absolvió de los cargos de violación de deberes oficiales y fraude, pero el Ministerio Público apeló el fallo el 25 de julio.
El 6 de septiembre, el Ministerio Público acusó al exministro de Gestión de Riesgos y Contingencias de la Nación, Gabriel Rubí, y a otros dos funcionarios de gobierno por fraude y violación de deberes oficiales por la compra de casi seis millones de lempiras ($239,000) en 2020 de un hospital móvil y COVID-19. unidad de aislamiento que era sólo una tienda de campaña. Un tribunal inferior desestimó provisionalmente el cargo de fraude de Rubí el 20 de septiembre y el Ministerio Público apeló la decisión.
La exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo fue declarada culpable de fraude y malversación de fondos públicos durante un nuevo juicio el 17 de marzo. El 21 de septiembre, el tribunal la condenó a más de 14 años de prisión y le ordenó pagar una multa de más de 13 millones de lempiras ($518,000).
