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¿La raíz del problema?
Según ASJ, un cóctel de promesas sin presupuesto, estructuras débiles y voluntad política a medias, pues destaca que si no hay reformas profundas, esta estrategia terminará como muchas otras: como letra muerta.
El informe destaca que la situación no es menor. En los últimos 10 años, los incendios forestales aumentaron un 114.64 %. Más de medio millón de hectáreas de pino han sido arrasadas por plagas, y la biodiversidad del país sigue desapareciendo ante la vista de todos. Aún así, gran parte de las medidas clave siguen empantanadas. Por ejemplo: no se han anulado títulos ilegales en zonas forestales, ni se ha regulado el otorgamiento irregular de permisos municipales para dragar ríos o explotar madera.
Tampoco se ha fortalecido el batallón ambiental que, según el plan, debía contar con 8,000 efectivos. Ni siquiera está claro en qué quedaron los incentivos para proteger los bosques, ni si se basan en la actual Ley Forestal o son otro invento sin respaldo.
Lo más grave es que no se puede verificar el avance de ocho acciones porque las instituciones responsables no han entregado datos. ¿Cómo se mide lo que no se informa?
En 2024, el presupuesto de L 1,000 millones anunciado nunca se ejecutó. Y para 2025, aunque se hablaron de L 2,000 millones, su paradero es aún incierto. Es decir, una estrategia sin estructura, sin dinero y sin norte.
El informe también retrata la impotencia de las fiscalías y juzgados ambientales, que funcionan sin recursos suficientes para enfrentar a los depredadores del ambiente. No es casualidad que el 94 % de los delitos ambientales en el país queden impunes. Un caso emblemático: el asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, sigue sin respuestas. Ni autores materiales ni intelectuales han sido identificados.
Ante los hallazgos, ASJ urge al Estado a replantear la estrategia y establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional, asignar recursos financieros y humanos adecuados, e incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, exhorta al gobierno a priorizar la prevención de incendios forestales, promover prácticas agrícolas sostenibles, reforzar el marco legal contra los crímenes ambientales e incluir de forma activa a las comunidades locales en la gestión sostenible de los bosques.
El tiempo corre, y los árboles no esperan. El compromiso debe pasar del papel al terreno, antes de que los pulmones verdes del país terminen convertidos en ceniza.
