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La comunidad nacional y organizaciones ambientales exigen justicia, mientras el Instituto de Conservación Forestal (ICF) condena enérgicamente el trágico hecho y pide una pronta investigación para esclarecer los responsables.
La muerte de ambos defensores del medio ambiente ha conmocionado al país, y el ICF ha instado a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre este crimen.
En un comunicado oficial, el ICF destacó que los dos hombres eran “reconocidos defensores en la protección y conservación del ambiente”, y su trágica muerte representa una grave pérdida para la lucha por la protección de los recursos naturales en Honduras.
Según información de medios locales, ambos fueron reportados como desaparecidos antes de ser encontrados horas después en una zona boscosa, desmembrados, aproximadamente a 40 km al norte de Tegucigalpa.
El crimen tuvo lugar en la comunidad de Las Botijas, en un área bajo régimen especial de manejo forestal, que está asignada a una cooperativa agroforestal. Sin embargo, en los últimos años, la zona ha sido objeto de amenazas por parte de grupos ilícitos interesados en desarrollar proyectos urbanísticos, lo que ha incrementado los riesgos para los defensores del medio ambiente.
El ICF ha urgido a las autoridades a realizar las “investigaciones necesarias para identificar y judicializar a los responsables” de este asesinato y ha pedido que se tomen medidas para reforzar la seguridad de los defensores ambientales en todo el país. “Es imperativo que se endurezcan las leyes y medidas de protección para quienes luchan contra los delitos ambientales en Honduras”, añadió el organismo en su declaración.
El asesinato de Silva y su hijo resalta nuevamente la peligrosa situación en la que se encuentran los activistas medioambientales en Honduras, un país que ha sido señalado como uno de los más letales para los defensores de la tierra y los recursos naturales.
De acuerdo con la ONG Global Witness, Honduras ocupó el cuarto lugar en el ranking de asesinatos de activistas ambientales en 2023, con 18 muertes registradas, solo superado por Colombia, Brasil y México.
Este trágico hecho se suma a otros asesinatos de ambientalistas en los últimos años, como el de Juan López en septiembre de 2024, quien luchaba contra la minería a cielo abierto en el noreste del país, y el de Berta Cáceres, en 2016, cuyo crimen sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia en el país.
La sociedad hondureña y las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen justicia y un compromiso real por parte del gobierno para proteger a quienes defienden los recursos naturales, la vida y el bienestar de las futuras generaciones.
Es urgente que las autoridades tomen acción, no solo para esclarecer estos crímenes, sino para fortalecer el marco legal y proteger adecuadamente a los defensores ambientales en el país.
