¡Hondureños bajo miedo!: rutas cierran y negocios huyen… ¿dónde está el plan antiextorsión?

Redacción Primicia Honduras | Investigación Especial

Mientras en los discursos se habla de avances, capturas y guerras declaradas contra la extorsión, la realidad en las calles es otra. Conductores paralizados, negocios cerrando y empresarios renunciando a invertir en Honduras por una razón que, aunque suene repetida, sigue tan vigente como hace veinte años: el crimen manda y el Estado solo responde cuando el humo ya asfixia.

El reciente cierre de la empresa de transporte “La Victoria” en Comayagua por constantes amenazas, sumado a la paralización de rutas en Tegucigalpa como la Ulloa–El Carrizal tras atentados, son solo la punta de un iceberg que ha hundido durante años a miles de familias y sigue alejando cualquier esperanza de desarrollo verdadero.

“No se trata solo de pagar, es que nos están matando en vida”, dice don Elías, conductor con más de 15 años en una ruta interurbana entre Olancho y Tegucigalpa. “Cada semana se paga extorsión, y cuando uno no puede o retrasa, vienen los disparos. ¿Quién quiere trabajar así?”

Casos como este se repiten en San Pedro Sula, Choloma, Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba y muchos otros municipios del país. El sector transporte ha sido uno de los más golpeados, con cifras alarmantes:

• Más de 250 millones de lempiras en extorsión solo este 2025, según líderes transportistas.
• Al menos 40 conductores asesinados en lo que va del año, según datos preliminares recogidos por medios de comunicación.
• Y aún con esas cifras, el Estado responde con lo mismo: operativos puntuales, militarización de barrios y promesas que no llegan a las terminales ni a los mercados.
• Un país donde la inversión huye por miedo.

Honduras tiene recursos, ubicación geográfica estratégica y una fuerza laboral joven. Pero las inversiones extranjeras o nacionales no llegan o se van por un factor que ningún informe del Banco Central puede ocultar: la inseguridad criminal que se apodera de cada transacción.

“Quise abrir una pequeña empresa de distribución en Tegucigalpa, pero cuando me advirtieron que tenía que pagar cada semana por mover mis camiones, lo dejé todo”, relata de forma anónima un emprendedor nacional que prefirió invertir en otro país centroamericano. “En Honduras se paga por trabajar, se paga por no morir”.

La extorsión como fábrica de pobreza

Este flagelo no solo roba dinero, roba vidas, destruye comunidades, vacía barrios enteros y hunde la economía local. Cada pulpería que cierra, cada puesto en el mercado que desaparece, cada ruta que se paraliza, es un retroceso más. Y lo peor: se empobrece a quienes ya viven al filo.

Los efectos son profundos:

• Migración forzada: Miles huyen por miedo, no por necesidad económica solamente.
• Deserción escolar: Jóvenes reclutados por maras o familias que deben migrar abruptamente.
• Desempleo: Microempresas colapsadas que no pueden sostener ni un empleado.
• Desconfianza ciudadana: Denunciar ya no es opción cuando se sabe que los victimarios pueden más que el Estado.

¿Qué hacen otros países que Honduras no?

El Salvador, con su polémico régimen de excepción, ha logrado reducir drásticamente los cobros de extorsión en el transporte y barrios. Aunque criticado por violaciones de derechos humanos, la percepción ciudadana de seguridad ha aumentado significativamente.

Colombia, que vivió décadas de control criminal, ha apostado por inteligencia preventiva y desarticulación financiera de estructuras, además de programas de reinserción social.

Costa Rica y Panamá, aunque menos violentos históricamente, fortalecieron sus sistemas judiciales, permitiendo condenas efectivas y rápidas a extorsionadores.

En contraste, Honduras depende del Estado de Excepción, estrategia extendida sin evaluación independiente, mientras se reportan las mismas denuncias, en los mismos sectores, con los mismos rostros aterrorizados.

Una cuento que se repite

Desde 2001 hasta 2025, Honduras ha tenido más de cinco estrategias distintas contra la criminalidad:

Plan Mano Dura, Fuerza Nacional Antiextorsión, Fuerza Tigres, Estado de Excepción, Guerra contra la Extorsión…

Todos los nombres cambian, pero el patrón es el mismo: acciones temporales, militarización sin inteligencia, y apagafuegos que dejan cenizas ardientes.

Ninguna administración, hasta hoy, ha consolidado una política pública integral que aborde las causas de raíz: desigualdad, impunidad, falta de oportunidades y descomposición comunitaria.

Mientras las víctimas viven bajo amenaza diaria, las autoridades parecen no usar el poder que tienen. Los gobiernos –pasados y actuales– han dejado que el fuego de la extorsión se apague solo cuando ya ha devorado la casa entera.

“No vemos estrategia, vemos reacción”, resume un sociólogo consultado por Primicia Honduras. “Y mientras eso siga así, este será un país que exporta gente por miedo y no recibe inversiones por vergüenza”.

El verdadero desafío: ¿quién se atreve a apagar el fuego de verdad?

Honduras no necesita más estados de excepción si no se acompaña de inteligencia, prevención, reinserción y garantías. No basta con capturar a extorsionadores si no se recuperan territorios. No basta con cifras si los comerciantes siguen callando por miedo.

La extorsión no es solo un delito, es una de las raíces de nuestra pobreza, migración y descomposición social. Si no se combate como tal, Honduras seguirá apagando incendios… mientras el país se quema desde adentro.