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El gobierno de Honduras tiene la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva sobre cualquier presunta violación del derecho a la vida, y de no hacerlo resultaría violatorio a su obligación de proteger dicho derecho, señaló hoy Human Rights Watch en un memorial presentado en calidad de amicus ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta obligación incluye preservar la prueba en el lugar de los hechos, identificar a testigos, obtener declaraciones, realizar autopsias y dilucidar cualquier móvil discriminatorio.
El tribunal ha programado una audiencia para el 11 de noviembre de 2020 por el caso de Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada en las calles de San Pedro Sula en 2009. Los peticionantes sostienen, entre otras cosas, que Honduras tiene responsabilidad por su muerte y que, al no llevar a cabo una investigación genuina sobre su homicidio, el país violó su derecho a la vida reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El derecho a la vida es una de las disposiciones más fundamentales de la Convención Americana y las investigaciones efectivas de instancias en las que se presuma que se ha violado son cruciales para su preservación”, señaló Cristian González Cabrera, investigador sénior sobre derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch.
“Tan pronto como las autoridades del Estado tomen conocimiento del homicidio o la muerte de una persona en circunstancias violentas o sospechosas, deben iniciar una investigación seria, imparcial y eficaz”.
En su memorial de amicus, Human Rights Watch sostiene que cuando hay fundamento suficiente para creer que un ataque fatal o que pone en riesgo la vida está motivado por discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género, la investigación del hecho debe también indagar sobre esta motivación.
Asimismo, el memorial destaca los altos niveles de violencia, incluidos homicidios, que enfrentan las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en Honduras.
La red lésbica Cattrachas, una organización hondureña de derechos de las personas LGBT, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2012, en la cual señala la responsabilidad del Estado por el homicidio de Hernández.
En diciembre de 2018, la comisión determinó que Honduras era responsable de la violación de varios derechos en este caso, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la protección igualitaria y sin discriminación, y el derecho a la protección judicial.
La comisión presentó el caso ante la corte en abril de 2019 debido al incumplimiento, por parte de Honduras, de las recomendaciones de la comisión, que incluían disponer de políticas integrales para efectuar un diagnóstico y prevenir la violencia contra las personas LGBT y diseñar programas de capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia contra las personas LGBT.
Hernández era una mujer transgénero, trabajadora sexual y activista del grupo defensor de los derechos de las personas trans Unidad Color Rosa.
Vivía y trabajaba en un ambiente con altos niveles de violencia contra las personas LGBT y en el que agentes gubernamentales habían actuado deliberadamente contra varios defensores de derechos humanos para cometer abusos contra estas personas. Hernández fue asesinada tras el golpe militar de 2009, un acontecimiento marcado por la violencia y la impunidad, poco después de que el gobierno de facto impusiera un toque de queda y emitiera un decreto que suspendía libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión.
En mayo de 2009, Human Rights Watch publicó el informe “No vales un centavo”: Abusos de derechos humanos en contra de las personas transgénero en Honduras. Human Rights Watch entrevistó a 35 personas en Honduras a fines de 2008 y principios de 2009 que fueron víctimas o testigos de actos de acoso, golpizas y malos tratos contra personas transgénero por parte de policías. Human Rights Watch observó que la policía no investigaba las denuncias que realizaban personas transgénero y organizaciones LGBT.
En octubre de 2020, Human Rights Watch publicó otro informe sobre el tema, “Vivo cada día con miedo”: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos. Para este informe, Human Rights Watch llevó a cabo otras 25 entrevistas con personas LGBT respecto de la violencia que enfrentan en Honduras.
Muchas personas LGBT hondureñas describieron un complejo entramado de violencia y discriminación por parte de actores estatales y no estatales, que pone en riesgo su integridad física, limita sus opciones de vida y, en algunos casos, las obliga a huir de su país. Human Rights Watch concluyó que Honduras no ha tomado medidas suficientes para abordar la violencia y la discriminación contra las personas LGBT y que, en algunos casos, las leyes y políticas vigentes en el país refuerzan la discriminación.
“Todas las víctimas de violencia en Honduras merecen que las autoridades consideren sus casos seriamente y los investiguen de manera exhaustiva”, apuntó González. “Esto también incluye a las personas LGBT, que a menudo enfrentan discriminación a manos de agentes de las fuerzas de seguridad y de las instituciones judiciales que deberían velar por su seguridad”.
