Primicia Honduras Diario Digital 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), externó hoy su preocupación por la prevalencia de la inseguridad, la falta de medios de rehabilitación y el desentendimiento del Estado en los centros de internamiento de niños y adolescentes en conflicto con la ley.
El ente estatal de derechos humanos cuestionó que estos centros han estado bajo el control de los menores infractores cuando, es el Estado, el que debería de asumirlos para hacer efectivas las medidas de rehabilitación.
Agregó que hay centros que padecen actualmente de graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso, situación que ha significado pérdida de vidas humanas, daños en la infraestructura y riñas entre los internos provocando caos y violencia dentro del entrono correccional.
Una de las limitantes es que, en estos centros no se aplica la normativa internacional que regula la situación de los menores privados de libertad y, la normativa nacional, ha resultado insuficiente al no lograr abordar la raíz de los problemas.
En algunos de estos centros se carece de programas socio educativos adecuados y espacios apropiados para el esparcimiento y el deporte, para la salud mental de los jóvenes, como también la escasa atención médica y alimentación.
El titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, recomendó que con el apoyo de expertos se le busque una solución urgente a la crisis permanente que se vive en el interior de los centros de privación de libertad para adolescentes infractores de la ley.
“Se tiene que examinar la situación general de todos los centros de detención de menores, tanto en las medidas de precaución como de su propia rehabilitación”, precisó.
En Honduras es cada vez mayor el número de niños y jóvenes en situación riesgo social y en conflicto con la ley. A esta problemática se suma que la niñez infractora no está siendo atendida en un proceso integral de rehabilitación y reinserción social.
En los últimos años, el país ha enfrentado un creciente número niños, niñas y jóvenes involucrados en situaciones de violencia, ya sea como víctimas o como autores de las mismas.
Se estima que desde el 2009 a octubre del 2013 se registraron acciones judiciales contra, al menos, 6,850 menores de entre los 12 y los 18 años en los juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia.
A los menores se les supone responsables por la comisión de más de una decena de infracciones que van desde robo, portación ilegal de armas, violación, tráfico y consumo de drogas, homicidios, hurtos, extorsiones, asesinatos, asociación ilícita, amenazas y secuestros, entre otros.
Según el Defensor del Pueblo, una de las acciones importantes, en este momento, es evitar que tanto el crimen organizado como las “maras” sigan “reclutando” niños y adolescentes para que se incorporen en sus actividades delictivas.
Reveló que tanto el crimen organizado como las maras y pandillas tienen amenazadas familias enteras que se oponen a que sus niños se incorporen a las actividades delictivas que esos grupos realizan.
Hasta ahora, las leyes nacionales establecen que no hay responsabilidad penal para los niños menores de 12 años y si hay una responsabilidad por infracción en aquellos casos de acciones cometidas contra la ley entre los 12 y los 18 años.
Herrera Cáceres, expresó que el Estado de Honduras, sin perder de vista la normativa nacional e internacional, debe adoptar políticas públicas integrales orientadas a superar las graves deficiencias estructurales presentes en los centros de internamiento de menores.
Además, se debe tomar en consideración la creación de otros centros con una adecuada infraestructura y de conformidad a la normativa nacional como internacional, para mantener un control más estricto en los mismos.
Crisis permanente en centro de internamiento de menores
En enero de 2015, alrededor de 30 jóvenes miembros de la banda de “Los Chirizos” se fugaron luego de una revuelta, a lo interno del centro de internamiento Renaciendo, con miembros de la mara 18.
En ese mismo mes cuatro centros de internamiento de menores fueron intervenidas por las autoridades luego de los continuos enfrentamientos entre internos de diferentes grupos.
El 13 de enero de ese mismo año, un equipo de operadores de justicia encontró dos cuerpos enterrados en el interior del Centro Pedagógico Renaciendo en un predio cercano al muro perimetral que colinda con la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social.
Dos días después, dos muertos y cuatro heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre militares y menores infractores internos en el centro Renaciendo.
