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El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de Honduras llegaron hoy a un acuerdo a nivel técnico sobre la Tercera Revisión del Programa Económico bajo el Acuerdo Stand-by/Facilidad
de Crédito, que permite al país acceder a 88 millones de dólares.
Una misión de ese organismo multilateral encabezada por Esteban Vesperoni mantuvo conversaciones con las autoridades hondureñas por video conferencia respecto a la Tercera Revisión del Programa de Honduras apoyado por el FMI bajo el Acuerdo Stand-by (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA).
Al término de la misión, el Vesperoni declaró hoy lo siguiente: “El personal técnico del FMI y las autoridades de Honduras mantuvieron discusiones muy productivas sobre el apoyo del Fondo a las políticas económicas de las autoridades, incluida la implementación paulatina de medidas de emergencia en respuesta a la pandemia.
Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, el personal técnico propone completar la tercera revisión, permitiendo el desembolso de DEG 62.5 millones (en torno a $88 millones).
La pandemia ha ralentizado la actividad económica más de lo previsto anteriormente. El aumento de infecciones durante el verano retrasó la salida gradual del confinamiento requerido para aliviar las presiones sobre el sistema de salud y proteger vidas.
Junto con un entorno externo más débil, esto impactó el crecimiento y las perspectivas fiscales. Ahora se espera que la economía se contraiga alrededor de un 7 por ciento, y se recupere cerca de un 5 por ciento el próximo año.
Al mismo tiempo, la resiliencia de las remesas y los bajos precios del petróleo han respaldado la posición externa del país. Las autoridades han adoptado una serie de respuestas de política fiscal, monetaria y financiera a la pandemia.
La flexibilidad incorporada en la Ley de Responsabilidad Fiscal ha permitido a las autoridades responder a la crisis con un aumento temporal del déficit del Sector Publico No Financiero en 2020-21. El aumento del déficit se debe principalmente a la reducción de los ingresos fiscales, mientras que los gastos de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria, humanitaria y económica se han compensado en gran medida mediante reasignaciones presupuestarias.
El compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal a mediano plazo, con un retorno proyectado al límite de déficit de la LRF en 2022, ha sido fundamental para mantener la confianza y el acceso a los mercados internacionales de capital. Las autoridades también han tomado medidas monetarias y financieras decisivas para amortiguar el impacto de la crisis, incluidas la reducción de la tasa de política monetaria, la provisión de liquidez y la implementación de esquemas para garantizar nuevos créditos—tanto para Pymes como para grandes empresas—y apoyar la reestructuración de los créditos.
Las autoridades están realizando esfuerzos notables para adoptar acciones correctivas para solventar los desafíos de implementación que se enfrentaron en la fase inicial de la pandemia. Estos desafíos estuvieron asociados con fallas en los procedimientos de emergencia adoptados para permitir la ejecución rápida de la atención médica y otros gastos críticos.
El sólido sistema de monitoreo introducido por las autoridades para el gasto relacionado con la pandemia y la supervisión de la sociedad civil ayudaron a identificar problemas en la ejecución inicial de estos gastos de emergencia.
Las acciones correctivas incluyen la intervención de la agencia inicialmente a cargo de las compras de emergencia y la transferencia de estas responsabilidades a otras agencias especializadas, así como mejoras adicionales a los procesos y controles internos para estas compras y su comunicación de manera transparente.
A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, las autoridades han logrado importantes avances en la implementación de las reformas estructurales necesarias para fomentar un crecimiento fuerte e inclusivo, en particular para mejorar la gobernanza y el entorno empresarial.
Las autoridades también mantienen su compromiso de movilizar ingresos para proteger el gasto y la inversión social, reformar el sector eléctrico y continuar fortaleciendo la política monetaria y los marcos de regulación y supervisión financiera.
