Primicia Honduras Diario Digital 
TEGUCIGALPA. El comisionado general, Leonel Sauceda, podría enfrentar una condena entre 15 y 25 años de prisión, en caso de ser encontrado responsable de los delitos que se le imputan, según explican entendidos en leyes.
El oficial y su esposa, Patricia Estrada, son imputados por el delito de lavado de activos, dice un comunicado emitido por el Ministerio Público en el que se enfatiza que la acción responde a un esfuerzo por hacer frente al flagelo de la corrupción y su infiltración en los entes de seguridad.
En las últimas horas la justicia hondureña le ha asegurado dos vehículos, 23 productos financieros, tres terrenos ubicados en Yoro. De acuerdo con las investigaciones, el oficial no logró justificar más de 13 millones de lempiras. La señora Estrada tampoco tiene sustento de más de dos millones.
El informe financiero y patrimonial elaborado por el Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal.
Hace unos días fue ascendido
Sauceda, quien hace sólo unos días fue ascendido, no es el único alto jerarca de los cuerpos de seguridad que es sometido a procesos de investigación y de aseguramiento de bienes por presunto enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público, esta semana solicitó la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al ex comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar.
La petición hecha a un juez de privación corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su ex-pareja Dennise Yamileth Morales.
En este caso, las investigaciones establecen que en el período 2012-2015 los miembros de la Policía asignados a Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudiesen trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, un acto que se constituyó en sobornos.
Otro expediente es el que tiene como protagonista al ex subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga, imputado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
