El Frente contra la Corrupción de Guatemala expresó hoy su temor de que el presidente Jimmy Morales intente de nuevo expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, tras la acusación de financiación ilícita contra el partido del mandatario.
En un comunicado, esta instancia, conformada por varios sectores de la sociedad civil, entre ellos empresarios, dijo “que se corre el riesgo de que se intente de nuevo expulsar al señor Velásquez”.
Desde ya “manifestamos nuestro enérgico rechazo, porque sería constitutivo de un rompimiento del orden constitucional”, advirtió.
Agregó que el acuerdo que dio vida a la CICIG en 2006 “no puede ser denunciado unilateralmente”, sino que solo puede ser revisado de forma conjunta.
Morales pidió el viernes públicamente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que revise el acuerdo y determine si, como dicen miembros de la CICIG, está por encima de la Constitución.
“Creemos que todos los ciudadanos, incluyendo los funcionarios públicos, estamos obligados a respetar la ley”, manifestó el Frente contra la Corrupción.
El Frente también le pide al presidente Morales que “asuma su responsabilidad y reconozca cualquier acto en el que haya infringido la ley”.
En agosto del año pasado el mandatario declaró “no grato” al abogado colombiano y ordenó su expulsión de Guatemala por su “injerencia en asuntos internos”.
Esa decisión, sin embargo, fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país.
Organizaciones civiles convocaron a una manifestación pacífica en la capital para exigir la renuncia del jefe de Estado, cuyo partido, Frente de Convergencia Nacional, es señalado por la CICIG y el Ministerio Público del delito de financiación ilícita.
Los dos organismos señalaron por segunda ocasión al partido oficialista de recibir financiación electoral ilícita durante los comicios de 2015, que llevaron a Morales a la presidencia.
Sin embargo, el presidente negó los hechos y volvió a atacar a la CICIG anunciando que acelerará la revisión del acuerdo que da vida al ente.
Las autoridades acusan al partido oficial de recibir más de dos millones de dólares que no declaró para su campaña en 2015, motivo por el que ya anunciaron que pedirán su cancelación.