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El Salvador y ahora Guatemala endurecen su postura contra las maras, mientras Honduras mantiene un estado de excepción prolongado, con extorsiones al alza y una ciudadanía que sigue sin sentir la diferencia.
La noticia se originó en Guatemala, pero resuena con fuerza en toda Centroamérica: el Congreso de Guatemala declaró a las pandillas como organizaciones «terroristas» cuando el país atraviesa una crisis de seguridad tras la fuga de una cárcel de 20 cabecillas de una de estas peligrosas bandas, sumándose así al modelo de El Salvador, donde la llamada “guerra contra las maras” cambió por completo el mapa de la seguridad en la región.
Los diputados empezaron a discutir el proyecto de ley el martes de la semana pasada, dos días después que el gobierno revelara el escape de los miembros de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.
La ley recuerda el marco jurídico en El Salvador, con el que el presidente Nayib Bukele inició en 2022 una «guerra» contra las pandillas, amparado en un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha descartado emular el modelo salvadoreño que redujo el crimen a mínimos históricos, pero cuestionado por denuncias de encarcelar inocentes.
El presidente aplaudió en X la aprobación de la ley al señalar que otorga las «herramientas necesarias para enfrentar a las maras».
La ley eleva de 12 a 18 años la pena máxima de cárcel por extorsión, uno de los principales delitos que cometen el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha contra comerciantes y transportistas.
El Congreso, de mayoría opositora, también estableció penas de prisión de hasta 18 años a quienes «recluten» a menores para las pandillas y ordenó la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
La fiscalía sospecha que los 20 pandilleros escaparon por las puertas de la prisión en complicidad con funcionarios. Hasta el momento cuatro fugados han sido recapturados.
Con esta decisión, dos países del Triángulo Norte ya han definido su postura más dura frente al crimen organizado. Y en medio del mapa, Honduras, que mantiene desde diciembre de 2022 un estado de excepción casi permanente, aún no se atreve a dar un paso legal similar, pese a que la extorsión, los asaltos y las masacres siguen siendo parte del día a día.
Dos caminos, un mismo enemigo
El Salvador declaró a las pandillas como terroristas desde 2015 y, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, llevó esa política al extremo con detenciones masivas y una reducción drástica de homicidios —aunque con fuertes denuncias por violaciones a derechos humanos.
Guatemala ahora sigue esa línea, buscando fortalecer las penas y dar un mensaje simbólico: las maras ya no son un problema común, sino una amenaza nacional.
En cambio, Honduras, a pesar de los múltiples operativos, sigue atrapada entre la represión sin estrategia y la falta de resultados sostenibles.
Las cifras del propio Estado muestran que, aunque los homicidios han variado, las extorsiones no disminuyen, y los asaltos en las principales ciudades van en aumento, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
