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Redacción: Primicia Honduras
Las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmando que los proyectos viales priorizarán soluciones con asfalto y no con concreto hidráulico, han reactivado un debate de fondo sobre la visión estructural del plan de emergencia vial impulsado por el gobierno de Nasry Asfura.
Al ser consultado sobre el tipo de concreto que utilizarían, fue claro: “No creo que podamos hacerla de concreto”. Agregó que esperarán los resultados finales del estudio y el diseño para determinar qué material resulta más viable.
Más allá de una decisión técnica, el enfoque adoptado revela el modelo de intervención que marcará el futuro de la red carretera del país: soluciones de menor costo inmediato, pero también de menor vida útil.
El concreto hidráulico, utilizado en diversos proyectos en años anteriores, es reconocido por su durabilidad, que puede superar los 20 o incluso 30 años con mantenimiento mínimo. En contraste, el asfalto tiene una vida útil considerablemente menor y requiere intervenciones periódicas, especialmente en países con alta exposición a lluvias y temperaturas variables como Honduras.
Especialistas en infraestructura vial consultados por Primicia Honduras coinciden en que la diferencia no es menor.
“El concreto representa una inversión inicial más alta, pero reduce significativamente los costos de mantenimiento a largo plazo. El asfalto, en cambio, requiere intervenciones constantes, lo que implica un gasto continuo de recursos públicos”, explicó un ingeniero civil con experiencia en proyectos viales nacionales.
Plan de emergencia: ¿solución estructural o respuesta temporal?
El denominado plan de emergencia vial surge en un contexto de deterioro acumulado de la red carretera, donde amplios tramos presentan daños severos que afectan el transporte de mercancías, la movilidad ciudadana y la competitividad económica.
Sin embargo, la priorización de soluciones basadas en asfalto plantea interrogantes sobre si el objetivo es resolver de forma definitiva los problemas estructurales o implementar medidas de carácter temporal.
El uso predominante de asfalto permite intervenciones más rápidas y con menor inversión inicial, pero también implica ciclos de reparación más frecuentes, lo que prolonga la dependencia del mantenimiento continuo.
Este modelo, según expertos, puede responder tanto a limitaciones presupuestarias como a decisiones estratégicas sobre la gestión de los recursos públicos.
El costo invisible de las decisiones viales
Cada intervención vial financiada por el Estado representa una inversión millonaria que proviene directamente de los contribuyentes. Por ello, la elección del tipo de material no solo tiene implicaciones técnicas, sino también económicas y estructurales.
El deterioro prematuro de las carreteras no solo genera mayores costos de reparación, sino que también impacta el transporte de bienes, el precio de los alimentos y el desarrollo económico de las regiones.
Honduras, al depender en gran medida del transporte terrestre, es especialmente vulnerable a las consecuencias de una red vial deficiente o de soluciones que no garanticen sostenibilidad a largo plazo.
Transparencia y planificación: el debate pendiente
La discusión sobre el uso de asfalto frente al concreto hidráulico también abre un debate más amplio sobre la planificación de la infraestructura pública y los criterios utilizados para definir las inversiones.
Hasta ahora, no se ha presentado públicamente un análisis técnico integral que permita comparar los costos totales a largo plazo entre ambos modelos ni los criterios utilizados para priorizar uno sobre otro dentro del actual plan vial.
En ausencia de esa información, la decisión trasciende el ámbito técnico y se convierte en un tema de interés público que requiere claridad, transparencia y rendición de cuentas.
La red vial no solo conecta ciudades. Conecta la economía, el comercio y las oportunidades de desarrollo.
La decisión sobre qué materiales utilizar no es menor. Define cuánto durarán las carreteras, cuánto se invertirá en su mantenimiento y cuánto terminará pagando el Estado a lo largo del tiempo.
