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Ahora los migrantes irregulares tendrán que pagar, según recibo de la Tesorería General de la República de Honduras (TGR), 5789.76 lempiras, más de 1,007 lempiras en comparación a la sanción administrativa aplicada anteriormente.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre lamentó hoy que, en medio de una “Emergencia Sanitaria Migratoria” que se vive en zona oriental del país, las autoridades hondureñas hayan aumentado en más de mil lempiras la sanción administrativa contra los migrantes que ingresan de forma irregular, medida que afecta, principalmente, a las personas en condición de vulnerabilidad y precariedad económica.
Es una medida desfavorable, principalmente para las personas migrantes, en extrema condición de vulnerabilidad, que aunada a su precariedad económica no pueden pagar la sanción administrativa impuesta por el Gobierno, por lo que se ven obligados a permanecer en el país en condiciones lamentables, cuestionó.
La denuncia del CONADEH fue confirmada por los propios migrantes que, al momento de hacer efectiva la sanción administrativa, con el recibo emitido por la Tesorería General de la República (TGR) tuvieron que cancelar cerca de 5,800 lempiras equivalentes a unos 236 dólares que superan los 196 que se cancelaban anteriormente.
La Defensora del Pueblo recordó a las autoridades hondureñas la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 04/19, aprobada el 7 de diciembre de 2019, en el sentido que los Estados miembros de la OEA deben brindar asistencia humanitaria, protección internacional y flexibilizar los requisitos de ingreso a todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas.
El pasado 10 de mayo, el Congreso Nacional aprobó un decreto de Amnistía Tributaria que beneficiaría a miles de migrantes, entre ellos, mujeres, niños y adultos mayores procedentes de África, el Caribe, Centro y Sur América, que transitan por el país, sin embargó, el mismo requería de la sanción por parte del Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para su entrada en vigencia.
El pasado 4 de junio, la defensora de los derechos humanos exhortó a la Presidenta de Honduras Xiomara Castro a sancionar el decreto que otorga Amnistía Migratoria a miles de personas migrantes que circulan por este país centroamericano, principalmente de sectores vulnerables que requieren protección y asistencia humanitaria.
Cifras del Instituto Nacional de Migraciones (INM) establecen que, de enero a mayo del 2022, alrededor de 38 mil personas migrantes irregulares transitaron por territorio hondureño.
El incremento de migrantes irregulares, en el año 2022, en tránsito por Honduras, fue notorio a partir de la segunda quincena de marzo, del presente año, al registrarse, entre el 14 de marzo y el 29 de mayo, unas 31,817 personas de diferentes países, que representan un aumento del 84%.
Al menos cuatro muertes de migrantes, de diferentes países, entre ellos, dos niños, en tránsito por El Paraíso, zona oriental de Honduras, registra la Delegación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en ese departamento, en los últimos once meses.
Entre las víctimas figuran una persona de nacionalidad haitiana y otra cubana, así como dos niños, uno de nacionalidad chilena y otro de Brasil, estos últimos con edades que oscilan entre los once meses y un año, ambos habrían muerto por deshidratación.
Se estima que el flujo migratorio por Honduras, desde el año 2014 a mayo del 2022, abarca unas 163,779 personas, procedentes de Cuba, Haití, Venezuela, Camerún, El Congo, Ecuador, Eritrea, Bangladés, Somalia, República Dominicana, Angola, China, Senegal, Colombia, Ghana, Nicaragua, y Brasil.
Durante este periodo alrededor de 8,936 niños menores de 10 años han transitado por Honduras al igual que unos 778 adultos mayores de 60 años.
