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La administración de Nasry Asfura suma nuevas bajas en su estructura gubernamental. Este viernes 30 de octubre fueron separados de sus cargos la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta; el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, y el titular del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo.
El anuncio fue confirmado por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien aseguró que los tres funcionarios presentaron sus renuncias y que estas fueron aceptadas por el mandatario.
Sin embargo, más allá de la explicación oficial, las salidas vuelven a colocar bajo escrutinio la estabilidad del equipo de gobierno y los criterios utilizados por el presidente para mantener o remover a quienes ocupan cargos de responsabilidad en instituciones públicas.
Castro sostuvo que los funcionarios están sometidos a evaluaciones permanentes, en las que se consideran el cumplimiento de metas, los tiempos de ejecución y los resultados de gestión. También dejó abierta la posibilidad de nuevos cambios en el gabinete durante los próximos días.
Una administración marcada por las salidas
Los movimientos anunciados este viernes no son los primeros registrados durante el gobierno de Asfura.
El 27 de mayo, Elizabeth Rodríguez dejó la dirección de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), convirtiéndose en la primera funcionaria removida de la actual administración. En su lugar fue nombrado Jorge Alberto Cálix.
Posteriormente, el 12 de agosto, José Augusto Argueta fue separado del entonces Ministerio de Comunicaciones y Estrategia. Su salida también resulta relevante por el vínculo familiar con la ahora exministra de Educación, Ivette Arely Argueta.
El cargo de Comunicaciones fue asumido posteriormente por Héctor Ordóñez.
Con las tres nuevas salidas, la administración vuelve a modificar puestos estratégicos en Educación, transporte y comercialización agrícola, sectores que enfrentan importantes desafíos en materia de cobertura, servicios y atención a la población.
Evaluaciones sin resultados públicos detallados
Aunque la Presidencia atribuye las destituciones al cumplimiento de metas y resultados, la explicación oficial no estuvo acompañada de indicadores específicos que permitan conocer cuáles fueron los objetivos evaluados, qué compromisos no se cumplieron o cuáles fueron las razones particulares para aceptar las renuncias.
La falta de información detallada sobre esas evaluaciones deja interrogantes acerca de los mecanismos de rendición de cuentas utilizados por el Ejecutivo y de los resultados concretos que espera alcanzar con los cambios.
Mientras tanto, la posibilidad de nuevas destituciones anticipa más movimientos dentro de una administración que, a pocos meses de haber iniciado, continúa ajustando su equipo de funcionarios.
