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El Ministerio Público de Venezuela anunció que abrió una investigación contra varios funcionarios del opositor Juan Guaidó por el cobro de sobornos para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio en Estados Unidos para el robo de activos del país sudamericano en el exterior, informó el fiscal general Tarek William Saab.
“El pasado 14 de septiembre fue conocida vía noticia criminis contra varios supuestos funcionarios del autoproclamado gobierno interino [de Juan Guaidó] sobre el cobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a darle poderes a un consorcio de empresas en Miami para que robe activos del país en el exterior y los ponga al servicio de esa élite de corruptos”, expresó Saab en rueda de prensa en Caracas.
El fiscal indicó que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron a Guaidó una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos y bienes de propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe.
“Estos pseudoempresarios habían solicitado el derecho de apropiarse del 18% de todo lo que podía ser despojado al Ejecutivo venezolano”, sostuvo.
Saab añadió que los representantes de Guaidó solicitaron un pago por la cantidad de 750.000 dólares para la adjudicación del contrato, y además exigieron que se les diera la mitad del 18% solicitado por el CRA como contraprestación.
Entre los investigados se encuentran: Fernando Javier Blasi Blanchart, director de asuntos comerciales de la Embajada virtual de Venezuela en EEUU; Magin Eduardo Blasi Blanchart, hermano de Fernando y responsable material de llevar a cabo el cobro para el contrato; Javier Troconis, comisionado presidencial para la recuperación de activos, nombrado por el líder opositor.
En la lista también aparecen los funcionarios designados por Guaidó: José Ignacio Hernández González, exprocurador; y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de la junta directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela.
Además, Saab indicó que los “falsos” funcionarios que solicitaron el soborno de los 750.000 dólares habrían violado a su vez la legislación federal de Estados Unidos, por lo que exhortó a las autoridades de ese país para que procedan contra ellos.
El fiscal manifestó que sobre ese caso se presume la comisión de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir. (SPUTNIK)
