La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en audiencia preliminar formalizará la acusación en contra de Roberto David Castillo Mejía, acusado por el Ministerio Público a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.
Castillo Mejía, de profesión ingeniero eléctrico, se desempeñaba como Presidente Ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en el momento que la defensora de los indígenas fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá.
De igual forma, Agentes de Tribunales de la FEDCV solicitarán el Auto de Apertura a Juicio de esta causa penal.
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De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista.
Cabe destacar que el equipo de investigación de la ATIC, mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas pudo vincular al procesado en el crimen de Cáceres Flores.
En este caso, Fiscales asignados a la Sección de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres de la FEDCV, lograron el pasado 29 de noviembre de 2018 que la terna de Jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, declararan culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Publico acusó como autores materiales e intelectuales intermedios de este lamentable asesinato que enlutó a toda Honduras.
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Dicho Juicio Oral y Público duró cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas donde se demostró la participación que tuvieron los hoy condenados, antes, durante y después del hecho.
Condenados
Los condenados responden a los nombres de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
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La investigación en este caso inició desde el 3 de marzo de 2016, fecha en que se conoció la noticia sobre el crimen de la líder ambientalista e indígena y en la que el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un Equipo Multidisciplinario, que en tiempo record logró recolectar la prueba técnica y científica, útil, pertinente y proporcional para judicializar el caso y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.