Primicia Honduras Diario Digital 
El Ministerio Público (MP) solicitó una pena de diez años de cárcel para el exgerente de la telefónica estatal Marcelo Chimirri.
El procesado es acusado abuso de autoridad y fraude en el millonario soborno que la empresa estadounidense Latin Node pagó a exfuncionarios.
La Fiscalía pidió al Tribunal de Sentencia una condena de diez años de prisión por los delitos de fraude y abuso de autoridad, indicó este martes el Poder Judicial en Tegucigalpa.
Asimismo, solicitó la “inhabilitación absoluta” de Chimirri, quien conocerá la sentencia el próximo 16 de octubre, precisó el Poder Judicial en Twitter.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, fue declarado culpable a finales de agosto por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense Latin Node pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
Latin Node supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra Latin Node, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300.000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado del poder en junio de 2009.
Chimirri fue condenado recientemente a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16,6 millones de lempiras (401.554 dólares) como “autor directo del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública”, según el Ministerio Público.
Además, el tribunal le dictó las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil mientras dure la condena, y lo condenó a “trabajar” en obras públicas o en centros penitenciarios por el tiempo en la cárcel.
Chimirri, familiar de la esposa de Zelaya (2006-2009), Xiomara Castro, estuvo implicado en un espionaje telefónico que el propio exgobernante denunció en 2007 y otras irregularidades administrativas.
