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En Honduras, emprender se ha convertido en un acto de valentía. Cada día, decenas de pequeños negocios bajan sus cortinas no por falta de clientes, sino por el peso de la extorsión: ese impuesto criminal que se ha vuelto parte del costo de operar en el país.
El drama es silencioso, pero profundo. Desde panaderías familiares hasta barberías y pulperías, la amenaza de pagar “la cuota” o enfrentar represalias ha dejado a miles de hondureños sin su sustento. Lo que antes era un sueño de independencia económica, hoy se transforma en miedo y frustración.
José Luis Baquedano, dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth), señaló hoy que la extorsión es el motivo por el que muchas microempresas cierran o se van del país.
Se trata de un flagelo silencioso, razonó al tiempo que reprochó que medios destaquen el cierre de una maquila y no el cierre de un salón de belleza o pulpería.
En ese contexto, afirmó que la extorsión en Honduras es un delito en ascenso.
Una economía que se desangra
Honduras depende en gran medida de las micro y pequeñas empresas. Son el corazón de la economía local, las que mueven los barrios, las que generan empleo donde el Estado no llega. Pero ese mismo sector es el más expuesto a la extorsión.
Dueños de pequeños comercios, transportistas y vendedores ambulantes relatan —con temor— cómo los cobros semanales se han vuelto una práctica habitual. La “cuota” puede parecer mínima, pero acumulada representa un golpe letal para quien apenas cubre gastos.
Muchos optan por cerrar. Otros, por emigrar. Y los más arriesgados siguen funcionando con miedo, tratando de sobrevivir en un sistema que parece no protegerlos.
Desde diciembre de 2022, Honduras vive bajo un Estado de Excepción con el propósito de combatir la extorsión y el crimen organizado. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue dividida: aunque se han capturado estructuras delictivas, los efectos en el comercio local no se sienten.
“Sí hay más policías, pero la extorsión no se detiene. Solo cambian los rostros y los métodos”, comenta un pequeño empresario del transporte urbano que pidió mantener su identidad en reserva.
Y tiene razón. En barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, las denuncias por cobros ilegales continúan, mientras las autoridades aseguran que los índices van a la baja. Las cifras oficiales pueden maquillar la realidad, pero no logran ocultar la desconfianza ni el temor colectivo.
Negocios que desaparecen en silencio
En muchas zonas del país, los locales vacíos cuentan su propia historia. Un restaurante que cerró después de recibir amenazas. Una barbería que se mudó al extranjero. Una tienda que se quedó sin capital para seguir pagando “cuotas”.
La extorsión no solo roba dinero, también roba oportunidades. Con cada cierre, el país pierde empleos, dinamismo económico y confianza. Los barrios quedan más pobres, y la migración encuentra otro motivo para crecer.
“Me cansé de trabajar solo para ellos”, confesó una expropietaria de una tienda en Comayagüela. “Cada semana pedían más. No dormía tranquila, así que mejor entregué las llaves”.
Una deuda pendiente con los emprendedores
La lucha contra la extorsión no puede limitarse a operativos temporales. Requiere una estrategia integral que proteja a los pequeños empresarios y reactive la economía local.
Entre las medidas urgentes que podrían marcar diferencia están:
- Programas de protección y denuncia segura, con garantías reales de anonimato.
- Apoyo económico inmediato para negocios que decidan reubicarse o relanzarse.
- Revisión de los costos legales y municipales, que en muchos casos ahogan aún más a los pequeños comerciantes.
- Campañas de educación y acompañamiento, que fortalezcan la formalidad y el acceso a créditos sin extorsión.
Sin una política pública sólida, el país seguirá perdiendo sus cimientos productivos. La extorsión no solo afecta los bolsillos, también la salud mental de quienes viven bajo amenaza. Muchos pequeños empresarios desarrollan ansiedad, estrés y depresión.
La sensación de estar solos ante el crimen es un golpe emocional que rara vez se menciona en las estadísticas, pero que se refleja en cada cierre y cada familia que decide huir.
Honduras necesita entender que la extorsión no es un tema exclusivo de seguridad: es un problema social y económico que desangra lentamente la estabilidad nacional.
Cada microempresa que cierra representa una historia truncada, un hogar menos con ingresos, una comunidad más vulnerable.
La extorsión, en todas sus formas, se ha convertido en un cáncer que ni los estados de excepción ni las patrullas constantes han podido erradicar.
Si el país no encuentra pronto una manera real de proteger a sus emprendedores, la calle se llenará de locales vacíos, y la economía hondureña perderá lo poco que aún la sostiene: el trabajo honrado de su gente.
