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El desempleo abierto pasó de una tasa del 5.7% en el 2019 a un 10.9% en el 2020, significan 400 mil personas que actualmente carecen de un puesto de trabajo, según el Boletín Económico N° 14 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que muestra de manera científica la precarización del empleo en el país, donde la cantidad de ocupados pasó de 4 millones en el 2019 a 3 millones 655 mil en el 2020.
Sumado a ello, el número de desalentados se incrementó a más de 600 mil personas, situación que agrava las condiciones de empleabilidad en el mercado del trabajo.
El comportamiento de la población ocupada en el mercado laboral en el 2020 (3,655,653) son similares con las del 2016 (3,653,978), lo que indica el marcado deterioro producto de la contracción económica misma que venía dando señales de debilitamiento desde antes de la pandemia.
De la misma manera, señala que la situación de los ocupados (los que tienen empleo) no es favorable porque apenas el 29.9% de estos se encuentran en condiciones de empleo adecuado y el 70.1% en situación de subempleo siendo más notorio en subempleo visible, el cual se duplicó en el último año y el invisible se redujo en un 20.2% mostrando así una situación de precariedad en términos de tiempo e ingresos para los trabajadores hondureños.
En cuanto a la comparación de los niveles de empleo por rama de actividad entre el 2019 y 2020 el Boletín Económico de la UNAH muestra que el rubro de la agricultura pasó de tener un millón 212 mil empleos en el 2019 a 856 mil en el 2020, lo que demuestra una pérdida de 356 mil puestos de empleo.
Mientras que la actividad enseñanza pasó de contar con 143 mil personas ocupadas en el 2019 a casi 108 mil en el 2020; 36 mil empleos perdidos, el sector construcción perdió más de 28 mil puestos, en el mismo año y el rubro del comercio más de 80 mil empleos, salud humana 13 mil, por otra parte, los sectores que reportan empleabilidad positiva en el 2020 es la industria manufacturera que pasó de 537 mil empleos en el 2019 a 592 mil en el 2020, y la actividad, alojamiento y de servicios de comida que pasó de 184 mil puestos laborales en el 2019 a casi 227 mil en el 2020, esta última impulsada por las ventas informales.
Por este contexto, la UNAH somete a consideración de la opinión pública recomendaciones de políticas públicas necesarias para la generación de empleo, mismas que han venido siendo planteadas a través de los diferentes boletines publicados anteriormente.
RECOMENDACIONES
La Máxima Casa de Estudios recalca que es conveniente que las políticas públicas se orienten a establecer las condiciones necesarias para el diseño e implementación de una estrategia integral de generación de empleo que contemple como eje transversal a los programas de educación no formal, dotando al recurso humano de las cualificaciones necesarias, tanto en la parte técnica como tecnológica.
Asimismo plantea priorizar estrategias y acciones complementarias enmarcadas en una política de crecimiento y desarrollo sostenible; impulsar una reforma del sistema educativo en sus diferentes niveles; fomentar la inversión productiva orientada a la generación de valor agregado mediante el apoyo a procesos industriales en las ciudades y agroindustriales en el campo, orientados a la creación de empleo masivo.
Para lograr estos fines, la UNAH remarca la necesidad de modificar la normativa que rige el sistema cooperativo y los institutos de previsión para que estos puedan invertir sus fondos en procesos industriales y comerciales.
De la misma forma, indica que se debe hacer una revisión a la tenencia de tierra con el fin de motivar a sus poseedores privados, a las municipales y al gobierno en general a su uso en actividades productivas de índole forestal, agrícola, pecuaria y turística.
Además aboga por la creación de mercados locales que permitan una pronta y ágil intermediación entre productores y consumidores de tal manera que se controle la cadena de distribución acortando sus pasos y disminuyendo las ganancias de los intermediarios (coyotes); de igual manera sostiene que es necesario impulsar medidas diferenciadas de política pública en materia laboral acordes a la realidad socioeconómica de cada región del país.
