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Tras casi tres años de aplicar el estado de excepción como respuesta a la violencia, expertos en derechos humanos advierten que esta medida, lejos de ser temporal, se ha normalizado, generando serias preocupaciones sobre la protección de garantías constitucionales y libertades fundamentales.
En un pronunciamiento reciente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) subraya que la estrategia de seguridad debe revisarse urgentemente para evitar violaciones como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, que han sido documentadas en este periodo.
La medida, que implica la suspensión de seis garantías constitucionales, ha sido prorrogada al menos 17 veces, pero solo cinco de esos decretos han sido ratificados en tiempo y forma por el Congreso Nacional, lo que evidencia —según la ONU— una debilitada rendición de cuentas y falta de control legislativo.
Aunque OACNUDH reconoce la compleja situación de violencia e inseguridad que enfrenta el país, particularmente por delitos como la extorsión y el control de territorios por parte de estructuras criminales, reitera que las respuestas del Estado deben cumplir con estándares internacionales: deben ser excepcionales, temporales, proporcionales, no discriminatorias y sujetas a control judicial.
La Oficina de DDHH denuncia que ha documentado, junto al CONADEH, graves violaciones de derechos humanos durante la implementación de estos decretos: detenciones arbitrarias, allanamientos sin control judicial, desapariciones forzadas y hasta posibles ejecuciones extrajudiciales, señalando como responsables a cuerpos de seguridad del Estado.
A pocos meses de iniciar el proceso electoral de 2025, el organismo advierte que mantener el estado de excepción limita derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, indispensables para un entorno democrático.
OACNUDH ha instado al Estado a revisar profundamente su estrategia de seguridad pública y detener la prolongación indefinida de medidas que —más allá de su discurso oficial— están debilitando el Estado de derecho y la confianza ciudadana.
“La seguridad no puede construirse a costa de las libertades. Es tiempo de apostar por una política pública que garantice justicia, derechos y prevención del delito, no solo mano dura sin control”, subraya el pronunciamiento.
