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TEGUCIGALPA. Los bienes asegurados al comisionado general de la Policía, Leonel Sauceda, han pasado a la Oficina de Bienes Incautados (OABI), así lo informó en las últimas horas un portavoz del Ministerio Público (MP).
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), hizo entrega de 33 bienes asegurados al comisionado general de la Policía Nacional.
Los bienes son; un terreno de más de 100 manzanas ubicado en Olanchito, Yoro, también 45 cabezas de ganado.
Asimismo una vivienda en la residencial Jardines de Toncontín en Tegucigalpa (lugar donde fue detenido), otro terreno frente al lugar antes mencionado. Además tres vehículos y más de diez cuentas bancarias.
Sauceda fue capturado el martes junto a su esposa, Patricia Estada Pacheco, en su residencia al sur de la capital hondureña.
Posteriormente, la pareja se presentó en la audiencia de declaración de imputados, donde un juez con jurisdicción nacional les dictó detención judicial y los envió a guardar prisión en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería y a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), respectivamente.
Aseguramiento de bienes
En ese sentido, las autoridades realizan aseguramientos a 33 bienes, ocho bienes muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 productos financieros, de los bienes, tres son terrenos localizados en Olanchito, Yoro con una extensión de 100 manzanas.
En la acusación Sauceda no pudo justificar casi 14 millones de lempiras y su esposa más de dos millones de lempiras, por lo que fueron imputados por el delito de lavado de activos por el Ministerio Público.
La investigación señala que el comisionado Sauceda en un periodo de 11 años (2006-2017) no ha podido justificar 13.8 millones de lempiras, lo que incluye movimientos en 13 cuentas a su nombre.
Asimismo, su pareja Estrada Pacheco no justificó 2.7 millones de lempiras, tras movimientos financieros de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre sin determinar el origen del dinero, ya que no poseía empleo, negocio o préstamo que generar algún ingreso.
Es así que el informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.
