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Mientras miles de hondureños enfrentan cada día la violencia en las calles —robos, extorsiones y asaltos a plena luz del día—, el presupuesto destinado a proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados está siendo desviado para blindar vehículos de altos funcionarios públicos, según denunció la defensora de derechos humanos, Dina Meza.
“La libertad de prensa está en grave riesgo. Nos ofrecen querellas, cárcel, nos deslegitiman y ahora nos quitan los fondos que son para protegernos”, afirmó Meza, representante de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos.
De acuerdo con Meza, al menos 19 millones de lempiras del Mecanismo de Protección del Estado estarían siendo utilizados para la adquisición de vehículos blindados, dejando sin protección efectiva a quienes verdaderamente están en situación de riesgo. La denuncia será elevada ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Según la organización, decenas de periodistas y defensores en zonas conflictivas siguen expuestos sin cámaras, sin sistemas de seguridad, sin posibilidad de desplazamiento ante amenazas. “Hay personas que necesitan salir de sus comunidades por amenazas de muerte, y el Estado no les responde. En cambio, sí hay recursos para blindar camionetas de funcionarios que ni siquiera enfrentan riesgos específicos”, reprochó Meza.
La denuncia pone en evidencia una de las contradicciones más dolorosas del país: mientras el ciudadano común vive atrapado entre la criminalidad y la indiferencia estatal, los funcionarios públicos se protegen con fondos destinados a quienes verdaderamente están en riesgo.
La realidad es tan brutal como cotidiana. Según datos extraoficiales, cada hora se reportan múltiples asaltos en el transporte público, especialmente en las grandes ciudades. Nadie protege al vendedor ambulante, al repartidor, al estudiante. Tampoco a los comunicadores locales que denuncian estructuras de corrupción o crimen organizado en sus comunidades.
Una Honduras de dos realidades
Esta situación contrasta fuertemente con la realidad de la mayoría de los hondureños, quienes enfrentan la inseguridad sin ningún tipo de protección ni respuesta estatal efectiva. Mientras algunos sectores gubernamentales se protegen con recursos públicos, el ciudadano común vive encerrado en sus casas por miedo, o se expone cada día al transporte, al trabajo informal, o a caminar entre calles dominadas por la delincuencia común y organizada.
“Hay dos Honduras: una blindada, con aire acondicionado y escoltas, y otra donde si te asaltan, nadie responde”, expresó un periodista que ha solicitado medidas de protección desde hace más de un año sin obtener respuesta.
Llamado a la comunidad internacional
Meza también instó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante del uso de fondos destinados a derechos humanos en Honduras, ya que, según sus palabras, se está configurando un patrón preocupante de represión encubierta bajo burocracia, debilitando aún más el ya frágil estado de derecho.
“La protección no puede ser un privilegio para quienes están en el poder. Debe ser un derecho para quienes están en la primera línea, defendiendo la libertad de prensa, los derechos humanos y la verdad”, concluyó.
