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El miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, informó que “es un enorme desafío para la Secretaría de Seguridad, la Comisión Especial para la Depuración Policial y la Comisión Legislativa de Seguridad elaborar una versión final de lo que será la Ley Especial que permitirá ejercer control sobre las compañías de seguridad no estatales, las empresas privadas de seguridad, así como lo relacionado a las policías que dependen de las municipalidades”.
“No comprometimos que para julio estaría listo un proyecto consensuado de ley que garantice que las empresas privadas de seguridad serán debidamente reguladas a fin de garantizar que operen legalmente y cumplan los respectivos requisitos, que el recurso humano que labore sea el idóneo en términos de su capacidad y antecedentes, y que se les respeten los derechos laborales y humanos de todo el personal que trabaja en esas compañías; estas empresas son muy grandes, cuentan con una nómina de casi 100 mil hombres y mujeres, son un enorme contingente, un verdadero ejército, aún más grande y poderoso que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional juntos, por lo que es inadmisible que no sean debidamente certificadas y supervisadas” exteriorizó Rivera.
Finalmente, el también coordinador de Advocacy e Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que debe “socársele las roscas” a las empresas privadas que prestan servicios privados de seguridad; así como se está haciendo con la Policía Nacional, así se deben depurar estas empresas privadas; “que corona tienen para no ser controladas, aquí a todos se les debe apretar las tuercas para evitar riesgos a la ciudadanía”, se preguntó el dirigente de la sociedad civil.
