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Redacción | Primicia Honduras
Tegucigalpa, Honduras. A pocas horas de que concluya el período de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional —este 20 de enero a la medianoche— y a las puertas de la elección de una directiva provisional, el escenario político hondureño vuelve a concentrarse en un punto crítico: las negociaciones legislativas que definirán quién controla el Poder Legislativo en un momento de alta tensión institucional.
No es un episodio nuevo. Cada transición legislativa en Honduras reactiva un término popularizado en la política hondureña: el llamado “tilín tilín”, que deriva reuniones privadas, acuerdos no transparentes, silencios estratégicos y versiones cruzadas sobre negociaciones entre bancadas. Esta vez, los focos apuntan principalmente a los acercamientos entre diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional, en un contexto donde el Congreso no solo debe reorganizar su conducción interna, sino también enfrentar un país con un proceso electoral aún bajo cuestionamiento.
Negociar no es ilegal, pero sí opaco
La Constitución y la práctica parlamentaria reconocen la negociación como parte del quehacer político. Sin embargo, el problema —según coinciden analistas consultados por Primicia Honduras— no es la existencia de acuerdos, sino la ausencia de reglas claras que permitan distinguir entre consenso político legítimo y arreglos que responden a intereses particulares.
“En sistemas democráticos, la negociación es normal. El riesgo aparece cuando se vuelve opaca, cuando no se sabe qué se intercambia ni a cambio de qué”, explica un analista en derecho constitucional. “Ahí se erosiona la confianza ciudadana, aunque no exista una ilegalidad comprobada”.
Este vacío de información ha alimentado durante años una narrativa recurrente en la política hondureña: la percepción de que el control del Congreso se define más en espacios cerrados que en el debate público.
Un Congreso en el centro de la crisis
La coyuntura actual amplifica esa percepción. Honduras llega a esta elección legislativa con un proceso electoral cuestionado, con actas pendientes de escrutinio en distintos niveles y con un clima postelectoral que sigue sin cerrarse del todo. En ese escenario, el Congreso Nacional adquiere un peso aún mayor: no solo legisla, sino que se convierte en un actor clave para la estabilidad o profundización de la crisis.
Para expertos en institucionalidad democrática, el problema no es quién gane la Junta Directiva, sino cómo se construye esa mayoría.
“Cuando la gobernabilidad depende de acuerdos que no se explican, el mensaje que se envía es que la política funciona de espaldas a la ciudadanía”, señala una académica consultada por este medio. “Eso debilita al Congreso antes incluso de que inicie su gestión”.
En los últimos días, distintas figuras políticas han vuelto a referirse públicamente a las negociaciones legislativas, reavivando un debate que aparece cada vez que se elige una directiva del Congreso. Aunque estas declaraciones no han sido acompañadas de pruebas judiciales ni procesos formales, su recurrencia plantea una pregunta de fondo: ¿por qué este tipo de versiones persisten sin que exista un esfuerzo institucional serio por transparentar los acuerdos?
Para analistas políticos, la repetición del discurso es un síntoma de un problema estructural.
“No es que cada elección del Congreso esté marcada por hechos ilegales comprobados; es que el sistema nunca se ha preocupado por demostrar lo contrario”, apunta un consultor en gobernabilidad. “La opacidad genera sospecha permanente”.
En este contexto, la discusión trasciende los nombres y las bancadas. Lo que está en juego es el valor del voto legislativo y su relación con el mandato ciudadano.
¿Representa el diputado a sus electores o a la correlación de fuerzas que define la Junta Directiva? ¿Se negocian proyectos, agendas y gobernabilidad, o se negocia poder sin rendición de cuentas?
Estas preguntas adquieren mayor peso cuando el Congreso debe pronunciarse sobre temas sensibles: escrutinio electoral, reformas institucionales, presupuestos y control político.
Una transición que exige transparencia
A partir de este 21 de enero, la nueva Junta Directiva provisional tendrá la responsabilidad de conducir el Congreso en uno de los momentos más delicados del período democrático reciente. Para especialistas consultados por Primicia Honduras, el reto no es solo político, sino ético e institucional.
“El Congreso necesita recuperar credibilidad. Y eso no se logra con discursos, sino con procedimientos claros, decisiones públicas y acuerdos explicados”, sostiene un experto en transparencia.
Mientras tanto, la ciudadanía observa un proceso que, una vez más, se desarrolla entre negociaciones y silencios. La pregunta que queda abierta no es si habrá acuerdos —porque los habrá—, sino si esta vez el país sabrá qué se negoció, por qué y para quién.
Más que una elección interna, la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional es una prueba sobre cuánto ha cambiado —o no— la forma de ejercer el poder legislativo en Honduras.
