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La más reciente sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), dejó al descubierto una fractura institucional que va más allá de diferencias personales o técnicas. El debate giró en torno a cómo cerrar el proceso electoral en un escenario marcado por denuncias, actas con inconsistencias y una ciudadanía que sigue esperando claridad sobre la legitimidad del resultado final.
Uno de los puntos centrales fue la discusión sobre el alcance del escrutinio especial y la posibilidad de avanzar hacia una declaratoria oficial de resultados sin el respaldo unánime del pleno.
Durante la sesión, el consejero Marlón Ochoa sostuvo una postura frontal contra avanzar hacia una declaratoria de resultados sin una revisión más amplia de las actas presidenciales. En su intervención, insistió en que el proceso electoral enfrenta un nivel de cuestionamiento que, a su juicio, no puede resolverse con un escrutinio limitado.
Ochoa fue enfático al señalar que “no se puede cerrar una elección con miles de actas que presentan inconsistencias”, y reiteró que el conteo voto por voto representa, para una parte significativa de la ciudadanía, la única vía posible para recuperar confianza en el proceso. También advirtió que una declaratoria bajo estas condiciones podría carecer de legitimidad social, aun cuando se ajuste formalmente a la ley.
Su planteamiento dejó clara una línea: el problema ya no es únicamente técnico, sino de credibilidad institucional.
Por su parte, la consejera Cossette López centró su intervención en la necesidad de hacer cumplir las reglas del proceso y evitar que prácticas irregulares sigan contaminando el escrutinio. Fue la consejera López quien puso sobre la mesa el tema del cumplimiento estricto de las reglas del escrutinio y la necesidad de que quienes no respeten la ley sean separados del proceso, incluyendo escrutadores que no actúen conforme a la normativa.
Asimismo, abordó el tema de la publicidad de las decisiones del CNE, señalando que, ante la ausencia de publicación en La Gaceta, las resoluciones deben hacerse públicas a través del portal institucional del Consejo y de un medio de circulación nacional, como mecanismo para garantizar transparencia y conocimiento público de los actos electorales.
De su lado, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall se pronunció sobre la reforma del reglamento electoral, específicamente el numeral 20, señalando errores de transcripción que modifican la interpretación original.
Hall explicó que, debido a estas inconsistencias, la decisión que antes requería unanimidad del pleno ahora pasaría a depender de la mayoría de votos. Según la consejera, esta modificación podría dejar sin valor y efecto pleno ciertas condiciones, lo que generaría impactos directos sobre cómo se adopten futuras resoluciones del CNE.
Su intervención buscó advertir sobre los riesgos legales y operativos de la reforma, además de resaltar la necesidad de claridad para mantener la confianza ciudadana en el proceso electoral.
¿Qué dice la Ley?
La Ley Electoral de Honduras establece que el CNE puede adoptar decisiones por mayoría, siempre que exista quórum y se hayan agotado los procedimientos de verificación y resolución de impugnaciones. Desde el punto de vista jurídico, este mecanismo es válido. Sin embargo, el debate expuesto en el pleno no se limita a lo que la ley permite, sino a cómo estas decisiones son percibidas por una sociedad que arrastra una larga historia de desconfianza electoral.
Otro elemento relevante fue la reafirmación de que las decisiones del órgano electoral no necesariamente deben adoptarse por consenso, sino por votación mayoritaria cuando no exista acuerdo. Este enfoque, aunque legal, plantea un desafío político e institucional: cerrar un proceso altamente cuestionado con una decisión dividida puede cumplir los requisitos normativos, pero no necesariamente fortalecer la credibilidad del resultado.
Durante la sesión también se abordó la necesidad de reforzar la publicidad de las resoluciones del CNE, incluyendo su publicación en el portal institucional y en medios de amplia circulación nacional. El planteamiento responde al principio constitucional de publicidad de los actos públicos, especialmente en un proceso donde la transparencia no solo debe existir, sino ser visible y verificable para la ciudadanía.
En el fondo, la discusión dejó claro que el conflicto no es únicamente técnico. Se trata de una disputa sobre qué pesa más en este momento del proceso: la legalidad estricta o la construcción de confianza social. El escrutinio especial, la eventual declaratoria y la forma en que se comuniquen estas decisiones serán determinantes para definir si el cierre electoral logra legitimarse ante la opinión pública o si profundiza la percepción de un proceso inconcluso.
El CNE se encuentra así ante su momento más sensible: aplicar la ley sin fracturar aún más la confianza ciudadana. El desenlace no dependerá únicamente del número de actas revisadas ni de los votos en el pleno, sino de la capacidad institucional de explicar, con claridad y fundamentos, por qué las decisiones adoptadas responden al interés democrático y no a presiones políticas o cálculos de coyuntura.
