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Más de la mitad de las empresas no confían en las instituciones gubernamentales y el estado de derecho en Honduras, según el II Diagnóstico de Sistemas de Mercado 2020, realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El II Diagnóstico de Sistemas de Mercado 2020 reflejó que el 47% de las empresas desconfían de los gobiernos locales (a nivel de municipios), el 39% tiene algo de confianza y solo el 12% tiene mucha confianza; en lo que corresponde al gobierno nacional, el nivel de desconfianza se eleva al 64 por ciento, mientras que un 26 por ciento aún conserva algo de confianza y el 10 por ciento sí tiene mucha confianza.
Similares porcentajes de desconfianza poseen en los oficiales de la Policía (51%) y en el sistema judicial (58%) con niveles de confianza por abajo del 10%.
La fortaleza de las instituciones y el estado de derecho está en la raíz de muchas de las dinámicas observadas en los sistemas de mercado hondureño. Las empresas informan una administración de mala calidad y una burocracia excesiva en las interacciones diarias al obtener licencias y permisos, comercio transfronterizo, pago de impuestos entre otros trámites propios de la economía.
El documento del IIES-UNAH y el Cohep indica que estas interacciones constituyen obstáculos importantes para el crecimiento empresarial y la recuperación de interrupciones como la COVID-19, por lo que resolver la carga administrativa no se considera una simple solución técnica, sino que requiere de cambios más profundos en el proceso de reforma en sí mismo para crear un entorno empresarial más propicio, evidenciado por la disminución constante de Honduras en la clasificación de Doing Business del Banco Mundial donde se pasó del puesto 105 en el 2017 a 115 en 2018, a 121 en el 2019 y al 133 en el año 2020, lo que deja al descubierto la dificultad para implementar reformas y refleja desafíos relacionados a la democracia y la gobernabilidad.
Las instituciones gubernamentales hondureñas mejor calificadas por las empresas según el documento, son la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Centro de Trámites de Exportación, mientras que las municipalidades -permisos de construcción- Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) obtuvieron calificaciones muy bajas.
Estos porcentajes de desconfianza solo reflejan que el estado de derecho se encuentra en niveles muy bajos, lo que tiene un impacto significativo en la inversión extranjera en Honduras “ya que los inversores extranjeros están preocupados por la protección de los contratos y la propiedad”.
Según el Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), Honduras en el 2020 obtuvo una puntuación de 0.40 sobre 1.00 ocupando el puesto 116 de 128 países, por lo que desde el 2018 no ha habido cambios significativos en esta materia, lo que afecta, en este caso, al sistema de mercado hondureño.
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