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El gobierno estadounidense prohibió las operaciones que involucren criptomonedas venezolanas y simultáneamente sancionó a cuatro funcionarios y ex funcionarios chavistas, intensificando la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump prohíbe a toda persona o compañía sujetas a las leyes estadounidenses realizar transacciones con “cualquier moneda digital” emitida por el gobierno de Venezuela después del 9 de enero del 2018, incluyendo al llamado Petro.
“La Secretaría del Tesoro, en consulta con la Secretaría de Estado, está autorizada a tomar estas acciones [para cumplir con la orden ejecutiva], incluyendo la emisión de reglas y regulaciones”, declara el pronunciamiento presidencial.
“Todas las agencias del gobierno de Estados Unidos deben tomar las medidas apropiadas dentro de su autoridad, para ejecutar las previsiones de esta orden”, agregó.
Poco después del anuncio sobre la orden ejecutiva la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció la inclusión de cuatro ciudadanos venezolanos en su lista negra, lo cual en esencia congela sus activos en el exterior.
Los sancionados por incurrir en prácticas de corrupción o derroche administrativo son: Américo Alex Mata García, director del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat; Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente del directorio del Instituto Venezolano del Seguro Social; Willian Antonio Contreras, superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos; y Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, tesorero nacional interino.
Al realizar el anuncio el Departamento del Tesoro dijo que la medida forma parte del esfuerzo del gobierno estadounidense por “enfrentar la endémica corrupción y mala administración económica que se han convertido en las características que definen al régimen de Maduro”.
“Las acciones del gobierno venezolano han esencialmente destruido el valor de la moneda venezolana a través de la hiperinflación, han convertido a los alimentos y las medicinas en productos poco comunes a través de los controles de precios, y han disparado una crisis humanitaria que el gobierno de Venezuela se rehúsa a mitigar a través del cambio de políticas o la aceptación de ayuda internacional”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Como resultado de las sanciones individuales, ciudadanos y entidades estadounidenses tiene prohibido mantener relaciones financieras con las cuatro personas incluidas en la lista negra de la OFAC.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, responsabilizó al régimen de Maduro de haber causado el colapso económico de Venezuela y crear la “crisis humanitaria”.
“Hacemos un llamado a Maduro a distribuir ayuda humanitaria y a que deje de bloquear la asistencia extranjera a los venezolanos”, apuntó Mnuchin en la declaración.
Maduro, quien enfrenta una de las más severas crisis económicas registradas en la historia de Venezuela, anunció la emisión del Petro, una criptomoneda que dijo estaría respaldada por las reservas petroleras del país, así como las reservas de gas y de oro.
La oferta inicial situaba el valor de cada Petro en unos $60, valor de un barril de petróleo al inicio del año.
El régimen de Caracas dice que ya ha recaudado más de $5,000 millones a través de la criptomoneda desde que la emitió en febrero. No obstante, fuentes independientes califican esos anuncios como poco creíbles.
El Petro también es visto como un burdo intento por evadir las sanciones emitidas por Washington que prohíben a personas o compañías estadounidenses realizar operaciones con bonos nuevos emitidos por el régimen de Maduro.
Esa percepción fue repetida en la orden ejecutiva, que atribuye la prohibición emitida a los “intentos del régimen de Maduro de esquivar las sanciones haciendo uso de una moneda digital a través de un proceso declarado ilegal por la Asamblea Nacional democráticamente electa”.
La medida es anunciada en medio de las crecientes presiones ejercidas sobre el régimen de Caracas, que continua con sus planes de realizar fraudulentamente una elección presidencial que extendería el mandato de Maduro por seis años más.
La mayor parte de la comunidad internacional ha declarado que no reconocerá los resultados de esos comicios previstos para el 20 de mayo, ya que considera que fueron convocados ilegalmente por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, y que será realizada sin contar con suficientes garantías de transparencia.
(Fuente: el Nuevo Herald)
