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Los corruptos hondureños serán expuestos y responsabilizados por Estados Unidos, ya sea porque estén señalados por trasiego de drogas o por estar vinculados en el financiamiento ilícito de campañas.
Esta disposición, que también abarca a presuntos narcotraficantes y corruptos de Guatemala y El Salvador, está contemplada en una reforma a la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
La enmienda permite exponer y responsabilizar a funcionarios involucrados en los mencionados delitos graves. Para ello se ha dispuesto que la Secretaría de Defensa elabore una lista de los funcionarios del Triángulo Norte de Centroamérica, metidos en casos de narcotráfico y corrupción.
Un aspecto crucial es que la enmienda establece que “en un período no menor de 180 días después de la publicación del acta, deben ser entregadas al Congreso de Estados Unidos un reporte de personajes imputados.
En esa “negra nómina”, deberían encontrarse -igualmente- los nombres de las autoridades electas de Honduras, Guatemala y El Salvador, que hubiesen recibido fondos de campañas provenientes del narcotráfico y otras actividades.
Se estrecha el cerco a los corruptos
¿Se está estrechando el cerco colocado para hacer caer a los corruptos? La aprobación de la ley que manda construir una lista de deshonestos confirma el interés de Los Estados Unidos por desenmascarar a los sujetos responsables de engendrar la peste de la corrupción y del tráfico de drogas.
La semana anterior la administración Trump se apoyó en la denominada Ley Magnitsky para solicitar que se investigara a seis personas, mediante el Departamento de Estado y de Hacienda; entre ellos: El hondureño, Oscar Nájera; los salvadoreños José Aquiles Enrique López y José Luis Merino de El Salvador; y el guatemalteco, Luis Mendizábal.
La corrupción le ha ocasionado a Honduras la pérdida del dos por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), además de causar el deterioro institucional, profundizar la descomposición social y amenazar el imperio de la ley.
Las estimaciones más conservadoras dicen que las prácticas deshonestas e ilegales le roban a los hondureños no menos de 10,000 millones de lempiras anuales, cerca de 28 millones diarios.
Pero otros estudios de organismos de la sociedad civil afirman que la corrupción drena unos 55,000 millones de lempiras de los fondos nacionales.
Las opiniones están divididas. Unos piensan que en los últimos años se ha dado fuerza a la cacería de los corruptos; otros, dudan que los culpables de los casos de descomposición paguen caro sus delitos.
