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El Departamento de Estado ordenó la evacuación de todo el personal no esencial perteneciente al Gobierno de Estados Unidos en Nicaragua por las protestas que azotan el país centroamericano desde hace más de dos meses y medio.
Washington ya autorizó el 23 de abril, poco después del estallido de las protestas, la salida voluntaria del personal no esencial y llamó a la evacuación de sus familias.
La orden de salida del país implica que en Nicaragua solo permanecerán el embajador estadounidense y algunos funcionarios de alto rango, que tendrán que “permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios entre la puesta del sol y el amanecer”, así como evitar las zonas de Managua más afectadas por las protestas.
Tampoco podrán usar autobuses públicos y mototaxis, ir al Mercado Oriental de la capital o acudir a “clubes de caballeros” (burdeles) por todo el país para esquivar “la criminalidad”. Como consecuencia de la salida de su personal no esencial, “la ayuda que la embajada de EE UU en Managua puede brindar es limitada”.
El Departamento de Estado incluye esta orden de evacuación en una nueva alerta de viaje para Nicaragua en la que mantiene la recomendación a los ciudadanos estadounidenses de no viajar al país centroamericano. Sobre la situación en Nicaragua, las autoridades estadounidenses advirtieron de que “fuerzas paramilitares controladas por el Gobierno fuertemente armadas y vestidas de civil, operan en gran parte del país, a veces en cientos”. “Estos grupos están atacando bloqueos, secuestrando y deteniendo individuos, apoderándose de tierras de propiedad privada y cometiendo otros delitos”.
“Las fuerzas controladas por el Gobierno han atacado a manifestantes pacíficos provocando un número significativo de muertes y lesiones. El saqueo, el vandalismo y los incendios provocados ocurren a menudo durante los disturbios”, reza el comunicado del Ejecutivo estadounidense. “Los bloqueos de carreteras —añadió—, incluso en Managua y otras ciudades importantes, pueden limitar la disponibilidad de alimentos y combustible”. Washington alerta también de que “los hospitales de todo el país están inundados de víctimas de la violencia y carecen de la capacidad para responder a otras emergencias”, así como de un aumento de la criminalidad debido a que las fuerzas de seguridad “se concentran en los disturbios”.
Las protestas en el país centroamericano, que empezaron el 18 de abril, han causado al menos 310 muertos, según organismos humanitarios.
El Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son el blanco de las protestas, que comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
