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El gobierno federal decidirá este viernes si extiende el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más de 86,000 hondureños que están actualmente amparados por ese permiso y viven en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional decidirá si alarga por seis meses el alivio migratorio, que permite residir y trabajar de manera legal en EEUU, o si, por el contrario, decide terminar con él y obligar a estos nacionales de Honduras a regresar a su país.
En una carta enviada a Kirstjen Nielsen, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), congresistas le pidieron que tenga en cuenta “la extraordinaria crisis” que se vive en Honduras y que renueve el plazo del TPS por 18 meses, el máximo posible.
En el caso de Honduras, Estados Unidos concedió el TPS a sus nacionales en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
“A pesar de los sustanciales esfuerzos realizados por Estados Unidos y la comunidad internacional para mejorar las condiciones en Honduras, el daño de ese evento catastrófico, agravado por los efectos residuales de la enfermedad, la violencia y la pobreza han resultado en una recuperación estancada”, escribieron.
Los congresistas consideraron que las condiciones en Honduras “no han mejorado lo suficiente como para reintegrar de forma segura y productiva a los beneficiarios de TPS en sus comunidades de origen”.
Además, alertaron de que la situación ha empeorado en los últimos meses a raíz de las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales en noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que causaron al menos 18 muertos.
El pasado noviembre, el gobierno de EEUU decidió extender durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, el TPS que protege a más de 86,000 hondureños, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) al cierre de 2016.
Estados Unidos debe comunicar su decisión sobre el futuro del TPS para Honduras 60 días antes de que expire, por lo que la fecha límite para ese anuncio es el 5 de mayo.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el gobierno de EEUU decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
