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En lo profundo de una de las joyas ecológicas de Honduras, la Montaña de Comayagua, se han encendido nuevamente las alarmas. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), ha iniciado una investigación por la supuesta apertura de una calle y movimientos de descombro en un área declarada como zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Comayagua (PANACOMA), según confirmaron fuentes oficiales.
Este parque, considerado uno de los pulmones naturales del país, no solo es vital para el equilibrio ecológico del Valle de Comayagua, sino que representa un hábitat esencial para especies endémicas, fuentes hídricas y la regulación climática regional. Sin embargo, recientes denuncias ciudadanas apuntan a que maquinaria pesada ha ingresado al sector conocido como El Rosario, provocando un impacto directo en la cobertura forestal y suelos protegidos.
Aunque no se ha revelado públicamente quiénes están detrás de estas acciones, la investigación busca esclarecer si estas actividades tienen relación con proyectos habitacionales, agroindustriales o con fines comerciales aún no autorizados, en una zona donde este tipo de intervenciones están explícitamente prohibidas.
¿Desarrollo o destrucción encubierta?
El caso despierta una vez más la inquietud sobre cómo el interés por expansión territorial o inversión sin planificación podría estar camuflándose detrás de aparentes mejoras de acceso. La apertura de caminos dentro de zonas núcleo no es una simple infracción administrativa: puede abrir la puerta a un proceso acelerado de deforestación, pérdida de biodiversidad, fragmentación de hábitats y desplazamiento de fauna silvestre.
Además, expertos consultados por Primicia Honduras señalan que este tipo de acciones, cuando no están amparadas por estudios de impacto ambiental ni autorizaciones del ICF o la SERNA, configuran delitos ambientales contemplados en la legislación hondureña.
La institucionalidad en jaque
La gravedad del caso obliga a preguntarnos: ¿se está debilitando el rol de las autoridades ambientales ante presiones políticas o económicas? ¿Existe impunidad detrás de quienes se atreven a intervenir en zonas protegidas? ¿Cuántos delitos ecológicos se han convertido en “costumbre” por la falta de consecuencias?
Lo cierto es que, en un país donde la fiscalización ambiental ya es limitada, cada hecho como este deja huellas irreversibles no solo en los ecosistemas, sino también en la confianza ciudadana hacia las instituciones que deberían protegerlos.
Primicia Honduras dará seguimiento puntual a esta denuncia en desarrollo, como parte de su compromiso con el periodismo ambiental y la defensa del patrimonio natural del país.
