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El caso de cuatro dirigentes garífunas desaparecidos hace más de dos meses de la aldea Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, registra avances significativos, pero no se pueden dar detalles para no entorpecer el proceso, aseguró hoy el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado de policía, Rommel Martínez.
La mañana del pasado 18 de julio, fueron privados de su libertad, Alberth Snider Centeno Tomas, quien era el presidente del patronato de la aldea Triunfo de la Cruz, junto a otros directivos Suami Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez y Gerardo Mizael Róchez Cálix.
Hombres armados, con indumentaria policial, a bordo de vehículos, tipo Puck-up se llevaron a estos dirigentes y desde ese día, en la comunidad de Tela se muestran inseguros.
“El trabajo es continuo no se ha detenido, tenemos avances significativos, pero detalles que no se pueden dar pese a la presión de parte de los medios de comunicación y de familiares en las comunidades. Es mi deber mantener la reserva de los detalles probatorios” señaló Rommel Martínez.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) exigió el cumplimiento de las sentencias emitidas por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras pobladores no desisten en su clamor y demandas de justicia.
“Por este caso tuvimos una conversación con fiscales el Ministerio Público y queremos ser cuidadosos en el manejo de la información por lo delicado que representa poner en riesgo una situación que ha trascendido nacional e internacionalmente por las características propias de las víctimas”.
La policía integró equipos de investigación pero solo han dado a conocer sobre documentos y enseres personales de uno de ellos, encontrados en una hacienda de San Pedro Sula.
“No voy a referirme a los detalles adquiridos con el paso del tiempo, estamos haciendo un esfuerzo enorme y en su momento esperamos tener las respuestas que se requieren judicialmente”, insistió.
La CIDH emplazó al Estado de Honduras para que a más tardar el 24 de agosto rindiera un informe completo y detallado, el que fue entregado por las autoridades correspondientes.
“Hemos percibido que hay interés sobredimencionados de algunos actores para mantener en la picota pública información de este caso en particular, debemos ser responsables y no afectar la intención que tenemos como operadores de justicia que tenemos como operadores de justicia”, concluyó el director de la DPI.
